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Colonia Aborigen, Chaco

Secuestran armas y esperan la mediación en el conflicto por tierras cedidas a movimientos sociales

QUITILIPI (Agencia) - Integrantes de cuatro movimientos sociales iniciaron hace ya varios días un violento enfrentamiento por la ocupación de 34 hectáreas cedidas por el Instituto de Viviendas durante la gobernación de Jorge Capitanich para construcción de viviendas. La separación de una referente que formó otro grupo habría sido el desencadenante del conflicto, en el cual hubo tensas discusiones y peleas hasta la intervención policial que logró el secuestro de numerosas armas en el amplio sector. Desde provincia se comunicó que el próximo martes estarían bajando funcionarios para mediar en conflicto “antes de que continúe agravándose”, ya que cada grupo organizó acampes en el lugar para proteger las tierras que consideran propias.

El hecho se produjo en la zona denominada Chacra 62, perteneciente a Colonia Aborigen, donde la actual referente María Barrientos del movimiento 17 de Julio denunció amenazas de la extitular pretendiendo ocupar las tierras con su nueva agrupación perteneciente al MIJD de Raúl Castells. Además permanecen allí integrantes del grupo 25 de Mayo y del movimiento Originarios, custodiando porciones de tierras que les cedieron según exhiben en el convenio firmado por el entonces presidente del IPDUV, Oscar Domingo Peppo.

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Momentos de tensión y violencia se vivieron en el conflicto por los terrenos de las 34 hectáreas cedidas en Chacra 62.

“Esto se ganó con la lucha del 17 de Julio, pero Vilma Ortiz se fue del movimiento, a ella no le pertenece y quiere negociar las tierras porque tiene un permiso para trabajar; nosotros fuimos a Resistencia a explicar esto para que nos den el poder para continuar con las ocho viviendas que están sin terminar, pero todo se agravó porque nadie nos hace caso para solucionar, queremos que vengan del gobierno a decidir”, expresó Barrientos.

Batalla campal

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La policía desplegó un trabajo conjunto entre delegaciones de la zona e Infantería de Sáenz Peña para calmar los ánimos.

La situación obligó rápidamente una intervención policial conjunta entre las comisarías de Colonia Aborigen y Quitilipi para intentar calmar los ánimos, porque comenzaron a producirse enfrentamientos armados cada vez más violentos en distintos momentos del día, ya que todos los movimientos instalaron carpas para permanecer en el lugar. La tensión continuó y se produjo la bajada de personal de Infantería de Sáenz Peña, colaborando también móviles del 911, comisarías de Avía Terai y Napenay, División Rural de Colonia Aborigen, Investigaciones y Bomberos. En el procedimiento se logró el secuestro de numerosos machetes, cuchillos, puñales, una escopeta calibre 16, un revólver 32 y demás elementos que habrían sido utilizados durante las peleas. Todo bajo requerimiento de la fiscalía interviniente a cargo del doctor Rafael Valero, sin registrarse detenciones.

A la espera de una solución

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Machetes, puñales y armas de fuego fueron secuestrados en el acampe donde se enfrentaron los grupos sociales.

En las últimas horas, los reclamantes fueron recibidos por autoridades municipales y les plantearon la problemática advirtiendo que “la cosa se va a poner más tensa” si no prospera una urgente mediación. El secretario de Economía Maximiliano Uez apuntó la responsabilidad a la provincia. “Le planteamos al gobernador y su equipo que estamos en una emergencia habitacional de aproximadamente 600 techos; ellos nos hablaron de institucionalidad pero vienen a hacer arreglos por afuera, nos pasan por encima y al intendente también; no puede ser que un dirigente social levante el teléfono y lo atienda un ministro; si hicieron compromiso que vengan ahora a solucionar este problema”, enfatizó.

El martes, día clave

Por su parte, las autoridades policiales confirmaron ayer que el próximo martes 28 los movimientos serán atendidos por personal de Viviendas y Gobierno provincial, aunque no se confirmó la modalidad de la reunión ni el horario. Los dirigentes sociales pactaron permanecer pacíficamente en sus acampes hasta que se cumpla la entrevista con los mediadores. “Queremos que ellos decidan el reparto de las tierras para que no haya inconvenientes”, aseguraron.

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