Megaoperativo federal por lavado de dinero con un detenido en Sáenz Peña
Se investigan maniobras con activos provenientes del narcotráfico. Al menos 13 personas bajo la lupa por ser ‘testaferros‘. El juez ordenó el secuestro de 34 vehículos de alta gama.
SÁENZ PEÑA (Agencia) - Un megaoperativo de efectivos de Gendarmería Nacional ordenado por el juez Miguel Aranda se realizó en la jornada de este jueves en distintos domicilios, lográndose la detención de un sujeto, mientras que se indicó que no pudieron dar con el paradero de al menos otras seis personas sobre los cuales se diligenció el pedido de detención de las mismas, declaradas prófugas de la justicia.

Más de 300 efectivos de la fuerza federal que no pertenecen al escuadrón local, salvo un reducido grupo, llevaron adelante el procedimiento ordenado por Aranda, tanto en Sáenz Peña como en otras provincias a los fines de establecer posibles vinculaciones con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
23 ALLANAMIENTOS,UN DETENIDO
Por pedido de la fiscalía federal se ordenaron 23 allanamientos y siete detenciones. Las medidas se concretaron y hasta ahora se detuvo solo a una persona, en el marco de una causa iniciada en el año 2020 por supuesto lavado de activos.
La fiscalía federal con sede en esta ciudad, dependiente del Ministerio Público, investiga el supuesto lavado de activos de origen delictivo y supuesta asociación ilícita, y por tal motivo, se avanza en diligenciamientos para detener e indagar a los supuestos autores, coautores, cómplices y testaferros.
MÁS DE 30 VEHÍCULOS
La fiscalía a cargo del doctor Carlos Amad solicitó al juez Aranda también inhibiciones de bienes con pedidos de registros tanto en la propiedad del inmueble como del Automotor, pidiendo el secuestro de 34 vehículos de alta gama entre ellos, camiones, camionetas y autos de alta gama, motocicletas y otros elementos como planillas, remitos, cuadernos de anotaciones y todo ahora se apunta a establecer lo que declaren los presuntos responsables y testaferros en esta investigación que apunta que las compras de bienes se habría hecho con dineros provenientes del delito.
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