La gestión del riesgo durante las sequías

En ese sentido, la gestión del riesgo planificado es una de las herramientas más efectivas para hacer frente a este tipo de anomalías climáticas.

Para eso es fundamental que el sector productivo tenga información sobre los pronósticos a corto y mediano plazo. Estas son algunas las conclusiones que dejó la presentación de las Perspectivas Agrometeorológicas de la próxima campaña agrícola que realizó la semana pasada la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), cuyas autoridades remarcaron que estos informes -que están disponibles en la web de los organismos- son "un insumo muy importante a la hora de fijar políticas y también para distintos actores de los sectores productivos".

En la presentación del informe se observó, además, que en años caracterizados por el fenómeno meteorológico que deja precipitaciones inferiores a lo normal, el problema no es solo la cantidad de agua sino la modificación en el comportamiento de las precipitaciones. La Coordinadora de la Mesa Nacional de Sequía, María de Estrada, observó en el encuentro que si bien no todas las sequías dan lugar a las catástrofes, sus consecuencias impactan en otros sistemas.

"La sequía, igual que todos los eventos climáticos, se puede gestionar", sostuvo. Por su parte, el director del Centro de Recursos Naturales del INTA, Pablo Mercuri, dijo "lo mejor es promover e investigar todas las prácticas que tienen que ver con la gestión del agua" y agregó: "cada criterio agronómico que tomemos tiene que ser de decisión, diversificar para menguar el riesgo climático y gestión del agua".

Saber cuál es el escenario actual para tomar las mejores decisiones que permitan minimizar los daños y las pérdidas vinculadas a las sequías y lograr que la gestión del agua en épocas de escasez permita afrontar el problema con más éxito, fueron algunos de los conceptos más importantes que se escucharon en el encuentro en el que se presentaron informes y herramientas para conocer cómo impacta el clima en la campaña agrícola, y para desarrollar políticas que potencien la producción agropecuaria frente a las dificultades climáticas.

En septiembre pasado el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), un espacio institucional conformado por cámaras y entidades que representan a las economías del agro, la actividad forestal, la pesca y sus respectivas industrias de todo el país, emitió un comunicado alertando que la Argentina se encuentra "ante la posibilidad cierta de enfrentar una de las peores sequías de las últimas décadas".

En ese sentido, la entidad señaló que la campaña agrícola 2022/23 avanza "bajo un escenario climático adverso, que podría tener impactos significativos sobre la producción y las empresas agropecuarias en las distintas provincias del país".

Según el CAA, a la falta de precipitaciones y las bajas reservas hídricas se suman los pronósticos climáticos con lluvias limitadas para los próximos meses, lo que plantea la posibilidad de enfrentar una de las peores sequías de las últimas décadas, con todo lo que eso implica por las consecuencias económicas y sociales que podría generar este fenómeno en el país y en el funcionamiento de las cadenas de valor agropecuarias, agroindustriales y principalmente de las economías regionales.

En lo que se refiere a las economías regionales, el Consejo Agroindustrial observó, además, que una de las zonas más afectadas es la que conforman las provincias del NEA, donde las producciones yerbateras, cítricas y forestales aún se están recuperando de los incendios y la sequía extrema de principios de año.

Por otra parte, señala que de no registrarse lluvias en el corto plazo las pérdidas en la producción afectarán seriamente a las empresas agroindustriales y se reflejarán en menores exportaciones e ingreso de divisas, menos aportes a la recaudación fiscal, caída del empleo en las distintas regiones del país, y menor crecimiento económico.

Debe coincidirse con el Consejo Agropecuario cuando destaca la necesidad de desarrollar una política integral para la gestión de los riesgos a los que se enfrentan estas producciones, y también, por supuesto, con su llamado a adoptar medidas que minimicen los impactos de los riesgos que afectan al sector productivo.