En el Caso G.C. el juez tiró del hilo y aparecieron varias sorpresas

El caso de G.C., la abogada y trabajadora del Poder Judicial que fue brutalmente retirada de su casa para ser internada por la fuerza en la sala de Salud Mental del Hospital Perrando, dejó de ser foco de atención para los medios pero continúa moviendo fichas en la justicia, donde el juez a cargo viene manejando información delicada y, en algunos puntos, sorprendente.

Recientemente, el magistrado, Juan Pablo Lubary, titular del Juzgado de Familia N°3 de Resistencia, dictó una resolución que impactó fuerte en el ambiente judicial y que, entre otras cosas, vuelve más incómoda la posición en el caso de la titular de la Defensoría General del Poder Judicial, Alicia Alcalá.

ACCESOS NO AUTORIZADOS

La resolución es la 1350, del Juzgado de Familia 3, y se dictó el 31 de octubre pasado. Allí el juez cita que uno de los abogados de G.C. (en el mismo instrumento se dispone que se guarde la identidad de la mujer), Alejandro La Regina, manifestó que había ocurrido un acceso no autorizado a información confidencial del expediente relacionado con la trabajadora avasallada en el barrio Provincias Unidas. Se refería a un acceso digital, ya que la justicia provincial tiene informatizados sus expedientes, con acceso restringido en casos como el de la empleada judicial.

La Regina planteó la existencia de una relación muy estrecha entre la jueza de Familia que llevaba el caso, Vilma Liliana Almirón (titular del Juzgado de Familia 4), y la Defensora General del Poder Judicial, Alicia Alcalá, quien había sido la responsable de pedir la "evaluación" psiquiátrica de G.C. La trabajadora, a su vez, había denunciado tiempo atrás una situación de acoso laboral en la Defensoría, órgano del cual era personal. Por eso no se descarta que la manera en que fue prácticamente secuestrada de su domicilio haya sido una represalia por aquella denuncia.

Se decía que en las redes sociales había fotografías que indicaban una situación de amistad entre Almirón y Alcalá. Al ser recusada por ese motivo, Almirón se apartó del expediente, que pasó a manos de Lubary, quien quedó así a cargo del control de legalidad de lo actuado. El juez, desde entonces, dio señales de un fuerte sentido de defensa de su independencia, aunque en el ambiente judicial se afirma que viene siendo, por ello, víctima de fuertes presiones.

ACCESOS INDEBIDOS 

Volviendo a la resolución, allí se menciona que el abogado La Regina, para cimentar lo que había denunciado en cuanto a accesos indebidos al expediente, presentó "capturas de pantalla y audios, incluyendo uno de un empleado de la Justicia Federal, que demostrarían intentos irregulares de obtener detalles del expediente". Y se indica que "surge de  nota de Secretaría que la Dra. Almirón permitió el acceso a la Dra. Alcalá del expediente judicial".

En los considerandos de su decisión, el juez comenta que La Regina mencionó además lo sugerente que fue un posteo de Alcalá en sus redes sociales, donde subió un enlace para acceder a un artículo publicado en "Litigio", un portal local poco conocido que se dedica a temas judiciales. Se titulaba  "Salud Mental, procedimiento policial y operación mediática: 15 preguntas sobre el caso G.K.C.", y era un intento de reivindicar a Alcalá, en medio de los fuertes cuestionamientos que recibía la Defensora General por el brutal procedimiento llevado a cabo contra G.C. 

Algo grave que se menciona en esa contextualización de la resolución es que, además, el artículo "expondría información privada (de G.C.), vulnerando el derecho a la intimidad que la Justicia y, en especial, la Defensoría deberían resguardar". Es decir, la propia Alcalá contribuía, con la difusión de esa nota, a vulnerar la privacidad de una ciudadana. 

Algo también sugestivo es que desde que Lubary pasó a conducir la causa, las filtraciones cesaron. "No obstante, algunos letrados han continuado solicitando información reservada", dice el documento en base a lo planteado por La Regina, que apunta a personas que integran el portal digital en cuestión.

EMPLEADO FEDERAL

La Regina sumó que "poco después de la internación de la Sra. C., el empleado del Fuero Federal Dr. Paulo Pereyra, quien colabora con la misma revista ‘L’ (por Litigio), envió audios intentando obtener detalles del expediente. Según el Dr. La Regina, la jueza Almirón permitió el acceso de la Defensoría General al expediente en calidad de ‘oficina colaborativa’ hasta el 16/10/2024. Esta fecha coincide con la publicación del artículo de la revista digital ‘L’ del 18/10/2024, el cual menciona información reciente del expediente que Almirón tenía bajo su custodia hasta el día 15/10/2024, según se desprende de su redacción: ‘...el último informe al que accedió Litigio es del martes de esta semana (en el octavo día)’".

Por eso La Regina pidió de medidas de protección para los datos sensibles de G.C., subrayando la violación de derechos constitucionales y tratados internacionales de protección de datos personales de la mujer.

INVESTIGACIÓN PENAL

En el documento se recuerda que los registros de llamadas y mensajes entre el Juzgado de Familia Nº 4, de Almirón, y el área de Salud Mental en la fecha de la internación (07/10/2024) son materia de investigación por la Fiscalía de Investigaciones Nº 3, "la cual debe determinar posibles responsabilidades penales". 

Al momento de resolver, el juez considera liminarmente acreditado que el juzgado de Almirón "se incluyó a sí mismo y a la Defensoría General (que no es parte en este proceso) como ‘oficina colaborativa’, permitiéndole acceso indebido a actuaciones reservadas. Estas dependencias no tienen participación procesal, por lo cual ni bien se recepcionó este expediente esta Magistratura ordenó su inmediata exclusión". Efectivamente, una de las primeras medidas de Lubary al hacerse cargo del expediente fue dar de baja el acceso del órgano que conduce Alcalá.

El juez cuenta que luego de eso, La Regina "señaló múltiples intentos de obtener información por vías alternativas, incluyendo al director de la revista ‘L’", de quien dice que "habría intentado acceder a detalles del expediente por medio de letrados, conforme las constancias presentadas ante Secretaría".

Y agrega: "Se presentó también documentación que sugiere que el Dr. Paulo Pereyra, empleado del Fuero Federal y colaborador frecuente de la revista ‘L’, habría enviado audios intentando acceder a detalles del expediente reservado. Las capturas de pantalla certificadas y presentadas ante Secretaría evidencian tales comunicaciones".

"Este empleado -dice el texto- ya tiene antecedentes por la divulgación parcializada de información reservada en perjuicio de menores, siendo objeto de un proceso sancionatorio en la Sala II de lo Contencioso Administrativo (Exp. 13558/2023-I-A)". Y dice que "también se adjuntaron fotografías de este empleado federal junto con la jueza Almirón".

DEFENSORÍA AL TELÉFONO

En otro punto de los considerandos, la resolución menciona que "desde la orden de este Juzgado, funcionarios de este fuero han recibido llamadas de un alto funcionario del Ministerio Público de la Defensa, quien habría intentado obtener información de manera irregular sobre el estado de las actuaciones procesales reservadas".

"En este contexto, al declararse abstracta la internación (por el alta de la Sra. C), y tras notificar a un órgano de la Defensoría General, la revista digital ‘L’ publicó nuevamente detalles del expediente, en línea con la posición de la Defensora General, exponiendo información sobre la salud de la Dra. C. Además, se realizó un incorrecto paralelismo con otro expediente (N.º 28161/2024-1), accesible únicamente para el Ministerio Público de la Defensa", se agrega.

"Queda claro que la Sra. Defensora General no es parte de las actuaciones, lo cual refuerza la tesis de una actuación indebida, atribuible a una posible relación amistosa entre la jueza Almirón y la Defensora (Alcalá). La Dra. G.C. y sus letrados están en su derecho de brindar entrevistas sobre el caso, sin embargo, ni ella ni sus abogados han expuesto informes médicos o detalles específicos de su historia clínica. La divulgación de dichos datos en los artículos publicados supone una vulneración a la intimidad de la usuaria, agravada por el hecho de haber sido difundidos en redes sociales de la Defensoría General", dejado sentado el juez Lubary.

Es muy significativa una apelación que está incluida en el decisorio, donde se insta "a todos los funcionarios y especialmente al Ministerio Público de la Defensa a observar estrictamente el carácter reservado de las actuaciones y a abstenerse de difundir o publicar artículos con información sensible de la Sra. G.C. en redes sociales".