Entre intimaciones y reclamos: la pulseada por los colectivos y el deterioro del sistema

La crisis del transporte público en Resistencia volvió a escalar esta semana tras la decisión de TCM de suspender el último turno nocturno, la continuidad de las negociaciones por la salida de ERSA y la presentación formal de un nuevo reclamo de la Cámara de Empresas de Transporte Automotor del Chaco (Cetach) ante la Subsecretaría de Transporte y Logística del Chaco.

El contrapunto quedó planteado entre la postura del subsecretario Rodolfo Díaz, que advirtió que no se permitirán recortes "arbitrarios y unilaterales", y lo expresado por la entidad empresaria, encabezada por Gustavo Larrea, que sostuvo que el sistema ya no puede sostenerse con la estructura actual de tarifas, subsidios y costos operativos, especialmente por el fuerte impacto del combustible.

El recorte del servicio nocturno

Desde la Subsecretaría de Transporte, Díaz explicó que la reducción del último servicio nocturno de TCM se originó en un contexto de conflicto interno dentro de la empresa, vinculado con la suspensión de trabajadores y una serie de hechos que pusieron en riesgo la circulación de las unidades. Entre esos episodios mencionó la aparición de "miguelitos" para pinchar neumáticos y agresiones con cascotes contra colectivos durante sus recorridos, una situación que, según indicó, llevó a autorizar esa interrupción puntual por razones de seguridad.

Sin embargo, el funcionario dejó en claro que esa situación excepcional no implica una habilitación general para reducir frecuencias o modificar recorridos sin control estatal. En ese sentido, dispuso inspecciones para verificar el cumplimiento del servicio. "No se puede tomar una medida arbitraria y unilateral", remarcó Díaz.

Una ecuación que no cierra

Frente a esa postura oficial, Cetach formalizó una nota dirigida al propio Díaz en la que justificó la necesidad de revisar la prestación del servicio, especialmente en horarios de baja demanda. El documento, firmado por Gustavo Larrea, plantea que el sistema urbano atraviesa una situación financiera crítica a partir de una nueva suba del 15% en el precio del gasoil, que se suma al 26% ya denunciado previamente, lo que —según la cámara— representa un incremento acumulado del 41% en apenas 15 días. Para las empresas, ese impacto terminó de desbalancear una estructura que ya venía tensionada por costos crecientes y compensaciones insuficientes.

La entidad sostuvo además que el problema no se limita al precio del combustible, sino también a las nuevas condiciones de comercialización impuestas por las petroleras. Según expuso, las empresas se enfrentan ahora a mayores dificultades de abastecimiento y a exigencias de pago al contado para descargar gasoil, sin la posibilidad de operar con plazos o financiamiento como ocurría hasta hace poco.