Capitanich y Soneira procesados por adjudicación irregular de tierras
Así lo dispuso el juez Fernando Carbajal, quien tambien procesó a otras cuatro personas por estos hechos investigados.
La Justicia Federal dictó el procesamiento al exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich, y a la exfuncionaria provincial Marta Soneira, en el marco de la causa que investiga una presunta maniobra de adjudicación irregular de miles de hectáreas de tierras fiscales durante la gestión provincial desarrollada entre 2019 y 2023. La medida fue resuelta por el juez federal de Sáenz Peña, Fernando Carbajal, dentro del expediente que analiza supuestos delitos contra la administración pública vinculados con la entrega de campos fiscales ubicados en el departamento Almirante Brown.

La investigación, llevada adelante por el fiscal Carlos Amad, se originó a partir de una denuncia presentada en 2024 por las actuales autoridades del Instituto de Tierras Fiscales de la Provincia del Chaco (ex Colonización).
Según la hipótesis que se maneja, Soneira habría utilizado su posición dentro del Estado provincial para favorecer a empresarios vinculados con el entorno de su pareja, mediante trámites de adjudicación de tierras que habrían sido impulsados de manera irregular. Mientras tanto, para Capitanich, la Justicia le atribuye haber intervenido mediante la firma de decretos que ratificaron adjudicaciones de campos fiscales cuestionadas por la fiscalía. Además, se analiza su participación en la aprobación de modificaciones al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
De esta manera, Capitanich quedó procesado por los delitos de "Fraude en Perjuicio de la Administración Pública, Abuso de Autoridad e Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público y Negociaciones Incompatibles en el Ejercicio de Funciones Públicas, en concurso ideal en calidad de coautor". En tanto, Soneira fue procesada por los mismos cargos mencionados anteriormente.
Por otro lado, el juez Carbajal también procesó a Federico Storti, Leandro Bessone, Mauricio Ariel Cian y Nelson Pochón, por los delitos de Fraude en Perjuicio de la Administración Pública. Además, dictó la falta de mérito para Darío Osvaldo Giménez y Sheina Marlene Waicman, mientras que sobreseyó totalmente a Federico Gabriel Soneira y Diego Manuel Soneira.
ANTICIPAN APELACIÓN
En un posteo en sus redes sociales, el exgobernador del Chaco sostuvo que "se conoció el procesamiento en la denominada causa de tierras. Como corresponde, será apelado. Hemos manifestado la nulidad de la acusación y la improcedencia del procesamiento, pues la adjudicación en venta de inmuebles rurales no supone transferencia de titularidad... Y lo más increíble es que funcionarios de rango inferior, con responsabilidad en el control, fueron sobreseídos. Cada decreto que firma un gobernador atraviesa un procedimiento administrativo en el que intervienen organismos de control con jerarquía constitucional, encargados de verificar la legalidad de cada acto. Pretender atribuir responsabilidad penal desconociendo ese sistema institucional resulta jurídicamente improcedente".
Agrega que "durante nuestra gestión impulsamos con orgullo una política de acceso a la tierra que permitió avanzar en el desarrollo de más de 8000 productores chaqueños que decidieron quedarse y apostar por la provincia, convencidos de que la seguridad jurídica sobre la tierra es una condición indispensable para el desarrollo, la producción y la generación de empleo en el Chaco".
"Resulta incongruente, inconsistente y temerario –indicó– pretender juzgar a un gobernador, en el ámbito de la Justicia Federal, por actos administrativos dictados en el ejercicio de sus competencias. Ello no solo plantea un serio cuestionamiento en materia de competencia, sino que además afecta principios esenciales del sistema federal consagrado por nuestra Constitución.
Por último remarcó que "aborrezco la judicialización de la política y la utilización de la Justicia como herramienta de persecución. Voy a defender mi actuación en cada instancia judicial con la misma convicción con la que siempre defendí los intereses del Chaco. Resulta llamativo que se pretenda criminalizar decisiones adoptadas por un gobernador en el ejercicio de sus funciones constitucionales. ¡En fin, más de lo mismo! Al final, la verdad siempre triunfa", concluyó.
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