El proyecto que quiere devolverle la vida útil a los electrodomésticos

   Y entonces, la pregunta inevitable: ¿reparo o compro uno nuevo? La respuesta, casi siempre, es la segunda opción. No porque el bolsillo lo prefiera, sino porque la reparación resulta tan costosa, tan complicada o tan directamente imposible que no queda alternativa.

  Este escenario, tan familiar como frustrante, podría comenzar a cambiar en la Argentina. La diputada nacional Marcela Pagano presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para crear el Régimen del Derecho a Reparar y contra la Obsolescencia Programada (conocido por sus siglas como LEDER), iniciativa que busca modificar la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) para garantizar que los usuarios puedan reparar los bienes que poseen y que los fabricantes dejen de diseñar productos con fecha de vencimiento incorporada.

   El expediente, caratulado como 4396-D-2024 y presentado con el respaldo de varios diputados nacionales entre los que se cuentan Hilda Aguirre, Ana María Ianni y Jorge Neri Araujo Hernández, apunta a un problema que no es menor. La obsolescencia programada, esa estrategia empresarial que consiste en acortar artificialmente la vida útil de un producto para forzar al consumidor a comprar otro, no es un invento moderno.

   Los especialistas la rastrean hasta diciembre de 1924, cuando un grupo de fabricantes de lámparas incandescentes acordó limitar la duración de sus productos. Cien años después, la práctica se perfeccionó y sofisticó, y ya no se limita a un foco que se funde: hablamos de actualizaciones de software que degradan el rendimiento, componentes sellados que no pueden reemplazarse y sistemas electrónicos que bloquean el funcionamiento cuando se utiliza una pieza compatible pero no autorizada por el fabricante.

   El proyecto de ley se propone desarmar este entramado con un conjunto de medidas concretas. La primera y quizás más relevante es la obligación de garantizar el acceso a repuestos. Fabricantes e importadores deberán proveer piezas de recambio y herramientas durante un período mínimo posterior a la discontinuación de un producto. Para los electrodomésticos de línea blanca —heladeras, lavarropas, cocinas— ese plazo no podrá ser inferior a diez años. Diez años de repuestos garantizados. Una eternidad en un mercado donde hoy muchos productos quedan inservibles a los dos o tres años por la simple imposibilidad de conseguir una pieza que cuesta unos pocos pesos.

   Pero no basta con que los repuestos existan si nadie sabe cómo instalarlos. Por eso, la iniciativa exige la difusión gratuita y en idioma español de manuales de reparación completos, esquemas técnicos, códigos de error y herramientas de diagnóstico. Tanto los usuarios como los talleres independientes podrán acceder a esa información para efectuar las reparaciones por sí mismos, sin depender de servicios técnicos oficiales que a menudo cobran tarifas exorbitantes o directamente se niegan a trabajar con productos de otras marcas.

   El corazón de la propuesta, sin embargo, es la prohibición expresa de la obsolescencia programada. El proyecto la define como cualquier técnica —incluido el software— que reduzca deliberadamente la vida útil de un bien, haga imposible su reparación o limite su compatibilidad. Esto incluye, entre otras prácticas, los bloqueos de software o los sistemas de emparejamiento de componentes que impiden instalar repuestos compatibles; las actualizaciones que reducen el rendimiento del equipo; y el uso de inteligencia artificial destinado a degradar deliberadamente el funcionamiento del dispositivo. En otras palabras, si una actualización deja el celular más lento de manera intencional, o si el software impide que un repuesto genérico funcione aunque sea técnicamente idéntico al original, la ley considerará que se está cometiendo una falta.

   El proyecto también apuesta por la transparencia como herramienta de empoderamiento del consumidor. Prevé la creación de un Índice de Reparabilidad, un indicador visible en los productos —mediante etiquetado o código QR— que informará al comprador sobre la facilidad de desarme, la disponibilidad y el costo de los repuestos, el acceso a datos técnicos y la vida útil estimada del equipo. Así, al momento de elegir entre dos productos similares, el consumidor podrá saber cuál es más fácil de reparar y cuál terminará antes en un basural.

   Para garantizar la implementación y el seguimiento de estas normas, se propone la puesta en marcha de un Consejo Consultivo Nacional del Derecho a Reparar, integrado por el INTI, el CONICET, universidades, cámaras empresariales y asociaciones de consumidores. Este organismo, junto con una plataforma pública para localizar servicios técnicos independientes, buscará darle sustento institucional a un derecho que hasta ahora ha sido más una aspiración que una realidad.

   Los impulsores del proyecto sostienen que los beneficios van mucho más allá de la protección del bolsillo del consumidor. En primer lugar, la medida se propone generar empleo en talleres de reparación locales, muchos pequeñas y medianas empresas que hoy compiten en desventaja con los servicios técnicos oficiales o con la lógica del descarte. En segundo lugar, favorece la fabricación nacional de repuestos, lo que produce un ahorro de divisas al desacelerar la importación constante de nuevos bienes. Y en tercer lugar, reduce la montaña de residuos electrónicos que el mundo genera a un ritmo acelerado: según datos de Naciones Unidas, los desechos electrónicos son el flujo de residuos de más rápido crecimiento en el planeta, y gran parte de ellos podrían evitarse si los productos duraran más y fueran reparables.

   La iniciativa busca, además, alinear a la Argentina con normativas internacionales avanzadas, como las que ya están vigentes en la Unión Europea, donde el derecho a reparar es una realidad en creciente expansión. No se trata de una ocurrencia aislada, sino de un movimiento global que gana terreno a medida que los consumidores toman conciencia del costo ambiental y económico de la cultura del descarte.

   El proyecto se encuentra actualmente en trámite legislativo en la Cámara de Diputados de la Nación. Su suerte es incierta, como la de cualquier iniciativa que depende de voluntades políticas y de la presión de los lobbies empresariales. Pero lo que está en juego es claro: la posibilidad de pasar de una cultura de obsolescencia a una cultura del reciclaje y la reparación.

   Porque, en el fondo, la pregunta no es si podemos permitirnos reparar. La pregunta es si podemos permitirnos seguir comprando.