Autoridades bonaerenses aconsejan no dar información sobre el paro docente
La medida es en respuesta a la decisión del gobierno nacional de supervisar que se garantice el 75% de presentismo.
La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires emitió este lunes un comunicado dirigido a inspectoras e inspectores, autoridades distritales y regionales, y equipos de conducción de todos los niveles y modalidades, en el que fijó la postura oficial frente a eventuales requerimientos de la Secretaría de Trabajo de la Nación vinculados con la adhesión al paro nacional docente de este 3 de agosto.
Según informó el organismo provincial, el Ministerio de Trabajo bonaerense presentó formalmente un planteo ante la Secretaría de Trabajo de la Nación para que se abstenga de solicitar información destinada a verificar el cumplimiento de los "pisos de prestación mínima" establecidos en el artículo 101 de la Ley 27.802, así como de realizar cualquier tipo de fiscalización sobre el empleo público provincial.
En el comunicado, la Provincia sostiene que el artículo 6 de la Constitución Nacional impide que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre materias reservadas a las provincias sin el correspondiente proceso político-parlamentario.
La Dirección General de Cultura y Educación indicó que, ante cualquier requerimiento de información proveniente de un organismo nacional, las dependencias educativas deberán limitarse a señalar la falta de competencia de la Secretaría de Trabajo de la Nación para intervenir sobre el personal de jurisdicción provincial.
Además, el organismo comunicó a los inspectores regionales y distritales, así como a los equipos directivos de las instituciones educativas, que consideran improcedente realizar declaraciones o suministrar información a agentes de "extraña jurisdicción" respecto del funcionamiento de los establecimientos educativos provinciales.
La medida se da en el contexto del paro nacional docente convocado para este 3 de agosto y de la controversia entre el Gobierno nacional y distintas provincias sobre la aplicación de la normativa que regula las prestaciones mínimas durante las medidas de fuerza en el ámbito educativo.
