Por un paro portuario hay 140 barcos que permanecen sin operar

Un cambio en las reglas del practicaje desató un conflicto entre el gobierno y los profesionales del sector que ya golpea a terminales del país. El detonante fue el decreto 690/2026, publicado el 31 de julio en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei.

Desde el sábado gran parte de los prácticos, pilotos y baqueanos resolvió no aceptar las nuevas asignaciones de trabajo hasta que se resuelva la disputa por la norma. 
El practicaje es el servicio que asiste a los buques en las maniobras de ingreso y egreso de los puertos; son considerados claves en la navegación en tramos complejos como ríos, canales y accesos portuarios, porque conocen en detalle las corrientes, la profundidad y los riesgos de cada zona.
Buena parte del comercio exterior argentino depende de su trabajo, ya que intervienen en el tránsito de buques por el río Paraná y el Río de la Plata, la vía de salida de gran parte de las exportaciones del país.

La norma sustituye el reglamento que regía la actividad desde 1991 y apunta a modificar varios de sus aspectos centrales: quita el límite de cupos para que un profesional se inscriba como práctico, permite que armadores y agencias marítimas contraten en forma directa a los prácticos, establece topes de tarifas a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y habilita a capitanes con determinada cantidad de viajes realizados en una zona a navegar sin necesidad de contratar un práctico.
Según explicó el gobierno al anunciar la medida, el objetivo es bajar los costos logísticos y fomentar la competencia dentro de la actividad. El conflicto se siente con más fuerza en los puertos del Gran Rosario, San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín, el corazón de las exportaciones agroindustriales del país, donde algunos buques esperan turno fondeados.