El gobierno nacional se enfoca en la reforma del Banco Central

Ante la sesión que se realizaría el 26 de agosto (si no hay ningún cambio) en Cámara de Diputados, el gobierno pondrá en pausa el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para priorizar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios en Inocencia Fiscal.

Desde el ejecutivo quieren evitar que las distintas iniciativas se mezclen en una misma negociación y compliquen la aprobación de proyectos centrales. La posición oficial es dejar transcurrir el impacto político de la discusión en el Senado y concentrar durante las próximas semanas los contactos con los bloques dialoguistas en los dos proyectos económicos.

El presidente Javier Milei ubicó la modificación en el centro de la segunda etapa de su programa y la presentó por cadena nacional como una de las principales reformas institucionales de su gestión.

La mesa política terminará de definir la estrategia en su próxima reunión. Allí se resolverá el temario definitivo del 26 de agosto, el ritmo de las reuniones de comisión y el momento en el que el oficialismo volverá a activar Propiedad Privada en la Cámara baja. La decisión se tomó después de una negociación especialmente conflictiva en el Senado.

El proyecto de Propiedad Privada atravesó cuatro postergaciones, múltiples modificaciones y llegó a acumular 17 versiones antes de obtener la media sanción. Finalmente, fue aprobado por 37 votos contra 33, luego de que el oficialismo retirara los capítulos sobre extranjerización de tierras y Manejo del Fuego.

La reforma

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central restablece como misión principal de la entidad preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento al Estado nacional, las provincias y los municipios, además de impedir la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario. La iniciativa también endurece las condiciones para remover al presidente y al directorio del BCRA.

Por otra parte, el proyecto de Inocencia Fiscal que completa la agenda busca reforzar el denominado "tapón fiscal", limitar la posibilidad de que ARCA revise períodos anteriores y ampliar las garantías para que ahorros no declarados ingresen al sistema financiero. En el Ejecutivo vinculan esa iniciativa con la estrategia de profundizar el crédito y canalizar el ahorro hacia inversiones.