Rechazo unánime del sector médico al cobro a extranjeros

   Sin embargo, la decisión encontró un rechazo frontal y generalizado en el ámbito de la salud. Federaciones, colegios médicos y gremios de todo el país alzaron su voz para cuestionar una política que, advierten, atenta contra principios éticos y sanitarios fundamentales.

FESPROSA: "Una campaña xenófoba"

   La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) fue una de las primeras en pronunciarse con dureza. Su vicepresidente, Jorge Yabkowski, calificó la medida como parte de una "campaña xenófoba" de carácter ideológico que utiliza a los migrantes como chivos expiatorios de los problemas crónicos del sistema de salud.

   Yabkowski recordó que la gratuidad en los puntos de atención "es un mandato de la Organización Mundial de la Salud", ya que está comprobado que cualquier tipo de arancelamiento "retarda y dificulta la asistencia". Además, desestimó el impacto económico de la medida: la atención a ciudadanos extranjeros no supera el 5% del total de consultas, según las estadísticas oficiales.

   Como alternativa, FESPROSA propuso implementar convenios de reciprocidad con países limítrofes, siguiendo el ejemplo del Hospital de Esquel, que atiende a ciudadanos chilenos y factura directamente al sistema de salud de ese país. "La solución es la integración regional, no el cobro en la guardia", sostuvo Yabkowski.

CICOP: un "desatino" que atenta contra derechos humanos

   Desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), el rechazo fue igualmente contundente. Su secretaria general adjunta, Silvana Scali, calificó la iniciativa como un "desatino" que vulnera el derecho humano a la salud.

   El gremio advirtió que la medida busca desmantelar el modelo de salud pública, gratuita y universal, fragmentando el sistema y creando barreras de acceso para los sectores más vulnerables. "No es una política sanitaria, es una decisión ideológica que castiga a quienes menos tienen", señalaron desde la entidad.

COMRA: enfocarse en los problemas estructurales

   La Confederación Médica de la República Argentina (COMRA), que nuclea a los colegios y círculos médicos de todo el país, expresó su preocupación institucional. Su presidente, el Dr. Jorge Iapichino, reflexionó que las verdaderas crisis del sistema —la falta de médicos en el interior, la precarización laboral y el colapso de la salud privada en algunas regiones— no se solucionan arancelando a los pacientes.

   Desde COMRA sostienen que el enfoque debe estar en mejorar las políticas de recursos humanos y el financiamiento del sector, en lugar de imponer trabas burocráticas en la atención. "Cobrarle al extranjero es un parche que no resuelve el problema de fondo", argumentaron.

Asociación Médica Argentina: consecuencias epidemiológicas

   La histórica Asociación Médica Argentina (AMA) también se sumó al cuestionamiento. Su vicepresidenta, María Laura Rodríguez, participó en foros donde se advirtió sobre los riesgos de aplicar aranceles en un contexto de crisis económica y sobre las consecuencias negativas para la salud pública y la epidemiología nacional.

   Rodríguez señaló que poner barreras económicas al acceso a la salud puede generar que pacientes eviten consultar, con el consiguiente riesgo de propagación de enfermedades y el agravamiento de patologías tratables, lo que termina encareciendo aún más el sistema.

Tres argumentos centrales del rechazo

   El sector médico coincide en tres pilares fundamentales para oponerse al cobro:

1. La salud como derecho humano: el juramento médico y la ética profesional dictan que en la urgencia no debe haber nacionalidad ni distinción de origen.
2. Ineficacia económica: el impacto de los no residentes es marginal y no justifica el costo administrativo y social de implementar sistemas de cobro en las guardias.
3. Falta de políticas de Estado: exigen al Gobierno que, en lugar de cobrarle al paciente en la ventanilla, implemente sistemas de recupero a través de seguros de viaje, obras sociales o convenios de reciprocidad con países limítrofes, como se hace en el ámbito internacional.

  En definitiva, el colectivo médico argentino plantea un frente común contra una política que consideran regresiva y contraria a los valores que históricamente rigieron al sistema público de salud. La discusión, advierten, recién comienza.

   Tras la reglamentación del cobro de atención médica a extranjeros no residentes en los hospitales públicos nacionales (a través del DNU 366/2025 y la Resolución 1066/2026), diversas federaciones, gremios y entidades médicas en Argentina manifestaron su rechazo o profundos cuestionamientos a la medida.

   Las críticas de estas organizaciones se centraron en que el arancelamiento vulnera derechos humanos fundamentales, contradice las recomendaciones de organismos internacionales y responde a motivos ideológicos en lugar de resolver los problemas estructurales del sistema.