La persecución gubernamental a las cooperativas del Chaco
Esta publicación la hago en función del interés que suscita el tema del cooperativismo en general y de una situación en particular que me ocupa y preocupa.
Pienso que existe una campaña anticooperativas propiciada por el gobierno nacional y eventualmente por el gobierno provincial. Interpreto que el gobierno nacional, en función de la libertad de contratación llevada adelante por dicho gobierno, estima que las cooperativas no responden a dicha libertad y que en consecuencia deben amoldarse a las nuevas corrientes de opinión y en el supuesto de no hacerlo deben sucumbir.
Ahora bien, de acuerdo con los enunciados de la Alianza Cooperativa Internacional y a la propia Ley de Cooperativas (la 20337), estas entidades son aquellas que basadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua organizan y prestan servicios. Hasta aquí estas entidades son acordes con los principios de la libertad, autoservicio y libre empresa sostenidos por la nueva conducción del Estado. Entre ellas está la posibilidad de realizar cualquier tipo de actividad lícita y dentro de la ley.
Pero parece que esto no es así, por lo menos respecto de la Cooperativa de Arena y Piedras ubicada en Barranqueras y tampoco a las cooperativas de electrificación rural.
La primera, de la que fui representante, ha sido confrontada por una denuncia que —fundada en una rencilla familiar— se le hizo a la cooperativa y a los miembros del Consejo de Administración de la entidad ante la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, porque habrían obrado en violación de los presupuestos de la ley que los rige (ley 27442) imponiéndoles sanciones cuantiosas y que no son atendibles por la propia cooperativa y mucho menos por los asociados que integraban su consejo.
He aquí que la cooperativa se formó siguiendo estrictamente los preceptos de la ley 20337, en la que se sostiene que cualquier actividad lícita puede constituir una entidad y además cumpliendo acabadamente con las disposiciones reglamentarias establecidas por el Inaes y por la Dirección de Cooperativas.
En su momento y al responder la mencionada acción se alertó a Defensa de la Competencia que se había cumplido estrictamente con las disposiciones de la ley de Cooperativas, adjuntándose toda la documentación pertinente.
Pese a ello y a la contradicción existente entre esa norma y la de defensa de la competencia, y sin que se haya tratado ni aun de soslayo este tema, se arribó a la conclusión de sancionar a la Cooperativa, incluso imponiéndole la modificación del estatuto social para que pueda seguir operando.
He aquí otra contradicción, ya que si se defiende a ultranza el principio de la libre contratación no se entiende el desprecio por este tipo de organizaciones, que son la mayor libertad de decisiones tomadas democráticamente y por los propios protagonistas de la actividad.
Todo ello sin considerar la situación del Chaco que atraviesa diversas razones, entre ellas: las sequías e inundaciones, la paralización de las obras públicas —tanto nacionales como provinciales—, y demás situaciones que se conocen aquí pero que aparentemente no se conocen en Buenos Aires y menos desde un escritorio.
Esto es a tal punto que, según encuestas de la Nación, el Chaco encabeza el ranking de pobreza en el país.
Por otra parte, respecto de las Cooperativas de Electrificación Rural existentes en el Chaco, que son de larga data en el desarrollo de la electrificación rural tan largamente anheladas aquí y que fueron realizadas por dichas entidades con esfuerzo y pocos recursos, hoy —y aparentemente siguiendo los conceptos de la política nacional— han venido desmantelándose dichas entidades y pasándolas a Secheep, como una alta gestión del gobierno provincial.
Es de recordar el sentido de cooperación libre, vigente en la provincia del Chaco, tanto es así que tiene garantía constitucional cuando se expresa que la cooperación libre está reconocida por el Estado provincial y también su función social. Pareciera que esas disposiciones legales no han sido tomadas en cuenta para seguir con esta persecución.
Por último, estimo que debe comprenderse cuál es la situación del Chaco, cuál es su impronta y su futuro.
(La autora es abogada especializada en cooperativismo).
