Cooperativa arenera rechaza una multa millonaria y anticipa que apelará
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sancionó a la Cooperativa de Arena y Piedra por una supuesta monopolización del mercado. La entidad rechaza la acusación, asegura que más de 30 areneras operan por fuera de la entidad.
La Cooperativa de Arena y Piedra fue sancionada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por una supuesta monopolización de la comercialización de arena en el Riacho Barranqueras. La resolución contempla multas para la entidad, integrantes de su consejo de administración y otras personas vinculadas con la actividad.
Desde la cooperativa rechazaron la acusación y aseguraron que la medida se basa en una interpretación equivocada sobre su funcionamiento. Alberto Bría, empresario arenero y consejero de la entidad, sostuvo que la investigación se inició a partir de una denuncia surgida de "un conflicto particular entre un padre y un hijo" que terminó involucrando a la cooperativa y a sus integrantes.
Uno de los principales argumentos de Defensa de la Competencia es que los ocho productores que integran la cooperativa concentran la comercialización y tienen capacidad para fijar precios. Bría negó esa situación y remarcó que "hay más de 30 areneras" que trabajan en el Riacho Barranqueras por fuera de la entidad.
Según explicó, la cooperativa funciona como una herramienta para que sus asociados puedan comercializar y coordinar su actividad. "Los asociados vienen a la cooperativa a través de su consejo de administración, democráticamente electo, y fijan un precio", señaló, al defender el mecanismo cuestionado por el organismo nacional.
La sanción económica es uno de los puntos que más preocupa a los productores. Bría estimó que el conjunto de las multas ronda los 2.000 millones de pesos y advirtió que el impacto podría llevar a la entidad y a sus asociados a una situación límite. "La sanción esa nos lleva a una situación de quebranto para todo, la cooperativa y los socios", afirmó.
El conflicto se produce además en un contexto de fuerte retracción de la actividad. Bría señaló que la cooperativa lleva más de un año sin operar, producto de la caída de la actividad y de las dificultades que atravesó el sector, primero por la sequía y luego por las inundaciones.
Desde la entidad también cuestionaron la investigación realizada por el organismo nacional. "Yo pensé que iba a venir un equipo de gente a revisar tanto los papeles como entrevistar empresas, corralones, nadie vino, nos sancionaron y listo", cuestionó Bría.
La asesora legal de la cooperativa, Silvia Kesselman, acompaña la estrategia para apelar la resolución. Desde la entidad sostienen que existe una contradicción entre la normativa que regula a las cooperativas y la aplicación de las reglas de defensa de la competencia y buscarán que la discusión judicial pueda desarrollarse en Chaco.
El impacto también alcanza al empleo. Bría estimó que entre la cooperativa y las ocho empresas areneras asociadas se encuentran comprometidos entre 70 y 80 puestos de trabajo directos. "En total la cooperativa y las ocho empresas areneras están entre 70 y 80 empleados. Directo, directo", precisó.
A esos puestos se suma el trabajo indirecto que genera la actividad a través de proveedores, estaciones de servicio, talleres, repuestos, reparaciones y astilleros. "Tenés proveedores, combustibles, repuestos, reparaciones, astilleros", enumeró Bría.
La cooperativa, que en septiembre cumplirá 46 años, asegura que nunca había recibido sanciones de esta magnitud. "Jamás fuimos objeto de ninguna multa, de ninguna observación, siempre se hicieron las asambleas en tiempo y forma", sostuvo el empresario.
Ahora, la entidad prepara la apelación y buscará que la Justicia revise la resolución. "Nosotros estamos pretendiendo que sea acá en el Chaco", explicó Bría, al cuestionar que el análisis del caso se realice lejos de la realidad productiva de la provincia.
Mientras avanza el proceso, los areneros advierten que la combinación entre la paralización de la actividad, la baja demanda y una multa millonaria pone en riesgo la continuidad de las empresas y de los puestos laborales vinculados con el sector.
