Disparo a la cara, un ojo perdido y un prefecto a juicio

   La jueza María Servini elevó a juicio oral al oficial Sebastián Emanuel Martínez, acusado de dispararle a menos de cuatro metros. El caso no es aislado: apenas tres minutos antes y a pocas cuadras, el fotógrafo Pablo Grillo fue herido de gravedad por un gendarme.

   El 12 de marzo de 2025, Jonathan Navarro fue a la marcha de jubilados frente al Congreso de la Nación. No llevaba piedras ni pancartas violentas. Llevaba la indignación de un hijo que veía a su padre jubilado pagar 80.000 pesos por remedios que ya no podía comprar con descuento. Era hincha de Chacarita, trabajaba en el municipio de San Martín y, como miles de argentinos, salió a la calle para respaldar el reclamo de los mayores.

   Nunca imaginó que esa tarde perdería para siempre la visión del ojo izquierdo.

   El disparo llegó desde un rifle táctico Byrna TCR, un arma "disuasiva" que lanza proyectiles de gas pimienta a 300 kilómetros por hora. El agente que apretó el gatillo, según la reconstrucción judicial, estaba a menos de cuatro metros de distancia. Apuntó directamente a la cara. Lo hizo por encima de los hombros de sus propios compañeros, caminando en puntas de pie detrás de la primera línea de prefectos.

   Hoy, ese agente tiene nombre: Sebastián Emanuel Martínez, oficial auxiliar de la Agrupación Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina. Y tiene un destino judicial: la jueza federal María Servini elevó la causa a juicio oral y público. El Tribunal Oral Federal 6 será el encargado de dictar sentencia por el delito de "lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función", un delito que prevé penas de 3 a 10 años de prisión.

Reconstrucción que cambió la causa

   Durante meses, la identidad del agresor fue un misterio. La causa deambuló por al menos tres juzgados y varias fiscalías. Mientras tanto, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich —que ese día lideraba el Comando Unificado de Seguridad con fuerzas de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y otras— sostenía la narrativa de los "barrabravas" violentos.

   Pero Jonathan Navarro no era un barrabrava. "Fui por los jubilados, por mis viejos, por mis tíos. No tiramos ni una piedra", declaró meses después.

   La investigación dio un giro cuando el colectivo Mapa de la Policía, con el apoyo de organismos como el CELS y la revista Crisis, logró reconstruir el momento exacto del disparo. Combinaron imágenes de cámaras de monitoreo urbano, registros en alta definición de reporteros gráficos y videos aportados por ciudadanos. La pieza clave fue el domo "Entre Ríos", una cámara del Congreso que captó toda la escena.

   En las imágenes se ve a un agente con un rifle Byrna de color naranja, una marca blanca en la parte trasera del casco, protecciones de antebrazo colgando de los lados de la cintura y un guante negro en una mano. Esa figura coincidía con uno de los retratos forenses elaborados durante la investigación.

   La querella, representada por los abogados Pablo Zapulla y Juan Facundo Ceballos, solicitó a Prefectura los legajos e imágenes de los efectivos que portaban ese armamento. Al cotejarlos, el juzgado reconoció la correspondencia con Martínez.

El disparo y sus consecuencias

   El proyectil impactó en el ojo izquierdo de Navarro. Pese a las cirugías a las que fue sometido, la pérdida de visión fue irreversible. Una pericia ocular de la Corte Suprema constató que Navarro perdió el 42% de la visión, pero él mismo lo resume con crudeza: "Yo perdí el ojo".

   Hoy, a sus 33 años, no puede levantar peso ni retomar su trabajo de albañilería. Pero no se rinde. "Eso es lo que quieren: que tengamos miedo. Yo no voy a dejar de salir a la calle", dijo.

   El abogado de Navarro, Pablo Zapulla, destacó el avance de la causa: "Este avance marca un punto de quiebre en la causa: se pasó de la identificación del rostro del agresor a la individualización de su identidad".

El patrón de los tres minutos

   El caso de Navarro no es un hecho aislado. Apenas tres minutos antes, del otro lado de la Plaza Congreso, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, el fotógrafo Pablo Grillo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, disparada por un gendarme. Grillo quedó al borde de la muerte y debió permanecer internado durante meses, sometido a varias cirugías.

   "La diferencia de apenas tres minutos entre el disparo que hirió brutalmente a Pablo Grillo y el que dejó ciego de un ojo a Navarro, ejecutados por fuerzas distintas, pero en el mismo operativo, evidencia que no se trató de episodios aislados sino de una acción simultánea y coordinada que respondió a una definición política", sostuvo Zapulla.

   Ambos casos son investigados por la misma jueza, María Servini. Y ambos apuntan a un mismo patrón: disparos a zonas vitales del cuerpo —cabeza, torso, cara— que los manuales de uso de las armas denominadas "menos letales" prohíben expresamente. El manual de la propia Prefectura establece que el portador de un arma Byrna solo puede utilizarla bajo estricta orden del jefe del grupo.

   En este caso, ese jefe era el prefecto mayor Héctor Cabrera, jefe de la agrupación Albatros. Y por encima de él, la propia ministra Bullrich, que dijo estar a cargo del comando unificado.

El silencio de Prefectura y la resistencia de Navarro

   Durante la investigación, Prefectura Naval dilató la entrega de información clave. La organización Mapa de la Policía denunció que el 27 de junio se envió un oficio a la fuerza para que informe sobre el operativo del 12 de marzo, pero que durante meses no hubo respuesta.

Aun así, la Justicia logró avanzar. En septiembre de 2025, citado a indagatoria, el prefecto Martínez —oriundo de Diamante, Entre Ríos— no respondió preguntas. Declaró que en Prefectura cobra un sueldo de miseria y que su pareja también, y apenas atinó a balbucear que era inocente y que había cumplido con los reglamentos vigentes.

   Pero las acusaciones del fiscal Eduardo Taiano y de la querella, ahora corroboradas por la jueza Servini, sugieren lo contrario. Martínez disparó "de manera contraria a la" normativa, desde una distancia de entre 5 y 6,5 metros. Y lo hizo apuntando al rostro.

Un juicio que mira al futuro

   La elevación a juicio oral es un hito. El expediente pasará ahora a la Cámara Federal de Casación Penal, que sorteará el Tribunal Oral que juzgará el caso. Martínez tiene prohibida la salida del país desde agosto de 2025.

   El fallo también ordena remitir al Banco Nacional de Materiales Controlados los elementos secuestrados: la lanzadora Byrna TCR utilizada en el hecho, dos cargadores, proyectiles y fragmentos de gas pimienta, dos garrafas de CO2 vacías y un bolso.

   Para Jonathan Navarro, el juicio no es solo una búsqueda de justicia personal. Es una afirmación de que la verdad puede imponerse sobre la violencia y el silencio institucional. "No entiendo cómo identificaron tan rápido a 29 supuestos barrabravas, pero no saben quién me disparó a mí", dijo con amargura.

   Hoy, el rostro de su agresor ya está en manos de la Justicia, y el nombre también. Ahora falta que el tribunal se haga cargo.