Fuerte cuestionamiento a la designación de un arquitecto al frente de Catastro
Se presentó un recurso de amparo junto con una medida cautelar, con el objetivo de que se respete la normativa vigente y la incumbencia profesional prevista para la conducción del órgano.
El Consejo Profesional de Agrimensura del Chaco y la Federación de Entidades Profesionales Universitarias del Chaco (FEPUCH) cuestionaron la designación del arquitecto Juan Ignacio Esteves como interventor de la Dirección Provincial de Catastro y Cartografía, dispuesta por el Decreto N.º 1568/26 del Poder Ejecutivo provincial. El planteo fue expuesto el viernes 21 de agosto en una conferencia de prensa en Resistencia, donde Carlos Diez, presidente del Consejo de Agrimensura, y Ricardo Urturi, referente del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores y presidente del Consejo de la Magistratura, reclamaron que el organismo vuelva a ser conducido por un profesional de la agrimensura. La FEPUCH acompañó el reclamo por unanimidad.
"Catastro es una actividad reservada de la agrimensura"
Diez sostuvo que la designación representa una situación inédita para la provincia y remarcó que el Catastro es un organismo técnico cuya conducción requiere conocimientos específicos de agrimensura. Según explicó, el artículo 8 de la Ley Provincial N.º 1118-P establece que la Dirección Provincial de Catastro y Cartografía debe estar a cargo de un profesional habilitado para ejercer la agrimensura. Por eso cuestionó que un arquitecto pueda intervenir en la aprobación y registración de planos de mensura, documentación que determina límites parcelarios y sirve de base para la constitución de derechos de propiedad.

El dirigente también puso el foco en la firma digital que aparece en los planos aprobados por el organismo y advirtió que, a su criterio, allí se configura una irregularidad porque el profesional designado no tendría las incumbencias necesarias para esa función. "Tiene que ser un profesional de la agrimensura", afirmó, al señalar que el director interviene en la decisión final de registrar los expedientes una vez que fueron controlados por las áreas técnicas. Para Diez, la cuestión excede una disputa entre profesiones y compromete la seguridad jurídica de quienes compran terrenos o inmuebles, desde grandes inversores hasta familias que adquieren un lote para construir su vivienda.
Trámites y acciones judiciales: qué puede ocurrir si continúa la situación
Diez advirtió que, mientras continúe la designación, los trámites que llegan a la Dirección de Catastro podrían quedar atravesados por un cuestionamiento sobre la competencia profesional de quien debe resolver su registración. Señaló que el director no cumple solamente tareas administrativas, sino que debe analizar y decidir sobre expedientes de mensura y que, por ese motivo, la intervención de un profesional que no pertenece a la agrimensura podría generar dudas sobre la validez de las actuaciones. FEPUCH, en tanto, remarcó que el decreto asigna al interventor las responsabilidades primarias y acciones propias de la Dirección, además de responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Urturi confirmó que, ante la falta de respuestas a las presentaciones realizadas ante el Gobierno provincial, el Consejo Profesional de Agrimensura inició acciones judiciales para cuestionar la designación. Precisó que se presentó un recurso de amparo junto con una medida cautelar, con el objetivo de que se respete la normativa vigente y la incumbencia profesional prevista para la conducción de Catastro. El abogado indicó que el proceso podría incluir una audiencia de conciliación, aunque aclaró que las entidades profesionales mantienen abierta la posibilidad de continuar el diálogo con las autoridades provinciales.
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