Una guía para investigar el "terrorismo" preventivamente

   El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, aprobó el pasado 14 de agosto mediante la Resolución PGN 56/2026 la "Guía para la investigación de incidentes terroristas previos a un ataque". El documento, elaborado por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), con aportes de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), introduce por primera vez en el país criterios comunes para investigar procesos de radicalización antes de que se concrete un atentado.

Cambio de paradigma: el "Ciclo Terrorista"

   La guía parte de una premisa central: el terrorismo no debe enfocarse solo en el atentado, sino en toda la cadena de actividades previas —radicalización digital, reclutamiento, propaganda y planificación—,proceso que los autores denominan "Ciclo Terrorista". Bajo este enfoque, el atentado es apenas el eslabón final de una "empresa criminal organizada, de carácter permanente".

   El manual desarrolla un sistema de indicadores ideológicos, conductuales y sociales —desde la adhesión a teorías conspirativas hasta la "escalada discursiva"— clasificados en niveles de riesgo que van de medio a crítico. La norma advierte que más del 90% de los incidentes previos a un posible atentado comienzan con publicaciones en redes sociales, foros y videojuegos en línea, e instruye a los fiscales a prestar especial atención a plataformas de mensajería y comunidades virtuales como espacios de captación de personas vulnerables.

"Convierte a los fiscales en espías"

   La medida generó un intenso debate. Organizaciones como el CELS, y medios periodísticos como ANRED denunciaron que el manual "convierte a los fiscales en agentes de inteligencia" y habilita al Estado a investigar, vigilar y clasificar a personas por lo que dicen, publican o creen, antes de que se haya cometido delito alguno.

   "El principio que introduce la PGN sostiene que el terrorismo no debe enfocarse solo en el atentado sino en toda la cadena de actividades previas", señala el informe. Los críticos advierten que se trata de un "derecho penal de autor" que juzga a supuestos "sujetos peligrosos" por quiénes son, no porque hubieran cometido actos concretos, y alertan sobre el riesgo de que la herramienta sea utilizada para criminalizar la protesta social o perseguir a la oposición política bajo la categoría de "terrorismo político".

Defensa oficial: "prevención"

   Desde la Procuración General defienden la guía como una herramienta técnica de gestión de riesgo, necesaria para anticiparse a la creciente expansión de la radicalización violenta en entornos digitales. La resolución aclara que los indicadores "no constituyen tipos penales" ni habilitan medidas coercitivas de forma aislada, y se inscribe en la Estrategia Global de Naciones Unidas contra el Terrorismo y en las resoluciones del Consejo de Seguridad posteriores al 11 de septiembre de 2001.

   La guía se complementa con la reciente incorporación del Ministerio Público Fiscal al Centro Nacional Antiterrorista, lo que, según sus impulsores, fortalece la coordinación institucional en la prevención y persecución del terrorismo.

Debate abierto

   El manual de Casal plantea un desafío jurídico y político de fondo: ¿dónde trazar el límite entre la seguridad preventiva y la protección de garantías constitucionales como la libertad de expresión y la presunción de inocencia? Mientras el Gobierno defiende la necesidad de anticiparse a "amenazas reales", las organizaciones de derechos humanos advierten que la herramienta podría convertirse en un "instrumento de disciplinamiento social". El pronunciamiento de los jueces y la Corte Suprema, hasta ahora ausente, será clave para definir los alcances de esta controvertida normativa.