El salario vuelve a la agenda en una audiencia clave

Se realizará hoy, desde las 10, en el Centro de Estudios Judiciales, la continuidad de la audiencia que comenzó en abril de 2025 para determinar si se cumple la sentencia de la causa conocida como Alonso de Martina, en la que la Corte Suprema sentenció que no se cumplía la intangibilidad de los haberes para magistrados chaqueños.

El proceso tiene más de dos décadas, el pronunciamiento del Máximo Tribunal fue en 2019 y desde año hasta aquí se avanzó con la sanción de la Ley 3424, por la que se fijó una media regional, pero que quienes demandaron lo hicieron por un promedio regional.

Los sindicatos advierten sobre un posible "desenganche" del resto de los trabajadores judiciales y que tiene como telón de fondo el impacto que cualquier modificación salarial podría tener sobre todo el escalafón.

En la vereda de enfrente, jueces y funcionarios judiciales indican que no se trata de una confrontación y llevan la lectura del asunto al terreno de que si bien los empleados se vieron favorecidos por la normativa que rige hoy, esto no implica el cumplimiento de la manda de la Corte.

La movilización de los sindicatos se entiende porque lo que implicaría hoy el "desenganche" le representaría a la mayoría no contar con al menos el 70% de su haber que es lo que representa el ítem denominado ajuste por revisión.

La discusión se da de nuevo en tiempos en que los recursos escasean y en una provincia con historia de un Estado que perdió demandas por incumplimientos salariales con la Justicia.

Para hoy están citados integrantes del Ministerio de Hacienda y de Fiscalía de Estado, que seguramente marcarán la delicada situación económica-financiera de la Provincia y en ese escenario habrá que ver si surgen propuestas que puedan dejar satisfechos tanto a los magistrados como los empleados, que podría ser la de una mirada distinta para los que demandaron a la que se tiene hoy con la media regional como eje en los salarial y para el resto del escalafón no tocar lo que sindicatos consiguieron hasta aquí.

ORÍGENES

El conflicto tiene más de veinte años de historia. En 2005, un grupo de magistrados y funcionarios judiciales promovió una acción de amparo para reclamar una adecuación de sus haberes en función de la garantía constitucional de intangibilidad de las remuneraciones, es decir que sus haberes no puede verse afectado por algo externo de manera tal que disminuya considerablemente, como por ejemplo la inflación.

En 2014, el Superior Tribunal de Justicia había hecho lugar a la acción y establecido un mecanismo de equiparación progresiva con la Justicia Federal. Sin embargo, la cuestión llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en noviembre de 2019 dejó sin efecto aquella decisión al considerar que el tribunal provincial había avanzado sobre facultades propias de los otros poderes del Estado al fijar el monto de los haberes.

En 2020, el Tribunal ad hoc dictó la sentencia N°160/20, mediante la cual se intimó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a restablecer la garantía de intangibilidad de las remuneraciones mediante un mecanismo de recomposición salarial que evitara nuevos desfasajes, lo que dio lugar a la ley 3424 de media regional que rige hoy.