Toda infancia necesita una familia
Niños y adolescentes tienen derecho a crecer en una familia que les brinde amor, protección, seguridad y las condiciones necesarias para desarrollarse plenamente. Este derecho constituye uno de los pilares fundamentales de la protección integral de la niñez, ya que la familia representa el primer espacio de cuidado, afecto y aprendizaje. En consecuencia, garantizar que cada niño pueda crecer en un entorno familiar adecuado no es solamente una cuestión de bienestar, sino también una obligación respaldada por las normas nacionales, provinciales y por la Convención sobre los Derechos del Niño.
Durante los primeros años de vida, especialmente entre el nacimiento y los tres años, se producen procesos fundamentales para el desarrollo. En esta etapa, los niños establecen sus primeros vínculos afectivos, reciben estímulos y comienzan a adquirir habilidades que serán importantes para relacionarse con otras personas y con el entorno. Por lo tanto, contar con adultos que respondan de manera sensible y constante a sus necesidades resulta esencial. El afecto, la protección y la interacción cotidiana contribuyen a construir vínculos seguros y favorecen el desarrollo emocional, social y cognitivo.
En este sentido, crecer en familia significa mucho más que disponer de un lugar donde vivir. Implica tener relaciones estables, recibir cuidados adecuados y sentirse querido, protegido y escuchado. Asimismo, supone contar con adultos responsables que acompañen el crecimiento y respeten los derechos y necesidades de cada niño o adolescente. Por esta razón, cuando una familia atraviesa dificultades para garantizar estos cuidados, el Estado debe intervenir para fortalecerla y evitar, siempre que sea posible, la separación de sus integrantes.
Durante mucho tiempo se consideró que los asilos, internados y otras instituciones eran una alternativa adecuada para aquellos niños que no podían recibir cuidados suficientes en sus hogares. Sin embargo, los conocimientos actuales han demostrado que la institucionalización prolongada puede producir consecuencias graves, especialmente durante la primera infancia. La falta de contacto físico y emocional, la escasez de estímulos y la ausencia de vínculos afectivos estables pueden generar retrasos y afectar diferentes dimensiones del desarrollo. Incluso, los estudios han advertido que períodos prolongados de institucionalización pueden perjudicar el desarrollo cognitivo, las relaciones de apego, la interacción con otros niños, la salud mental y otros procesos esenciales.
Por consiguiente, cuando un niño no puede permanecer temporalmente con su familia de origen, las medidas de protección deben procurar que continúe desarrollándose en un ámbito familiar. La familia extensa, los hogares de guarda y otras alternativas de cuidado pueden ofrecer respuestas más adecuadas que una permanencia prolongada en instituciones. Al mismo tiempo, es necesario trabajar para superar las circunstancias que provocaron la separación y evaluar seriamente las posibilidades de revinculación.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados deben evitar que los niños sean separados de sus padres contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes determinen que esa separación resulta necesaria para proteger su interés superior. Esto significa que la separación familiar debe ser una medida excepcional y fundada en razones concretas, como situaciones de maltrato, abandono o descuido grave. Así, el derecho a crecer en la familia de origen constituye el primer horizonte que debe protegerse.
Sin embargo, existen situaciones en las que, después de haber agotado las posibilidades de revinculación y de haber evaluado las alternativas disponibles, un niño no puede regresar a su familia de origen. En esos casos, la adopción puede convertirse en una alternativa permanente que permita garantizar el derecho a vivir en familia. No obstante, debe quedar claro que la adopción no tiene como finalidad satisfacer el deseo de los adultos de tener un hijo, sino responder a las necesidades y derechos del niño o adolescente.
Por ello, la decisión de adoptar debe considerar las características, necesidades y circunstancias de la persona que será adoptada. La disponibilidad de quienes desean adoptar debe ser compatible con aquello que el niño necesita para desarrollarse de manera integral. Además, es fundamental superar los prejuicios que todavía existen respecto de la adopción de niños mayores, grupos de hermanos o niños y adolescentes con discapacidad, porque todos tienen los mismos derechos y merecen oportunidades reales de crecer en un entorno familiar.
En definitiva, proteger el derecho a crecer en familia requiere el compromiso conjunto de las familias, las instituciones y la sociedad. También exige políticas públicas capaces de acompañar a quienes atraviesan dificultades y decisiones judiciales que coloquen siempre en el centro el interés superior del niño.
