Dispar recepción para el veto a la ley de protección de consumidores vulnerables
La norma, que había creado un programa de prevención de sobreendeudamiento por consumos problemáticos, fue sancionada por amplia mayoría.
El veto parcial del Poder Ejecutivo a la Ley 4258-A, que creó el Régimen de Protección y Prevención de Sobreendeudamiento por Consumos Problemáticos, generó una recepción dispar entre sus autores en la Legislatura chaqueña. Mientras Santiago Pérez Pons cuestionó que la decisión oficial desarticule aspectos centrales de la iniciativa, Maida With consideró razonables las observaciones planteadas y valoró que el debate haya permitido visibilizar una problemática que afecta a numerosas familias.
La norma había sido sancionada en la primera sesión del segundo semestre de 2026 con un amplio respaldo: 24 de los 27 legisladores presentes al momento de la votación acompañaron el proyecto. Sin embargo, el Ejecutivo decidió observar varios de sus artículos por considerar que invadían competencias federales o afectaban cuestiones vinculadas con la capacidad jurídica de las personas.
REGISTRO SIN OBLIGACIONES
El veto mantiene la creación del Registro Provincial de Protección, aunque establece que la inscripción debe ser voluntaria, informativa y preventiva, y que la persona pueda modificarla o solicitar su baja en cualquier momento. También elimina la permanencia mínima obligatoria de un año.
Además, sostiene expresamente que estar registrado no implica incapacidad, inhabilitación, restricción patrimonial ni prohibición para contratar. El Ejecutivo entiende que esas cuestiones corresponden al Código Civil y Comercial y al ámbito judicial.
También fueron vetadas las disposiciones que obligaban a bancos, fintechs y prestamistas a consultar el registro, establecían sanciones y multas, otorgaban facultades de fiscalización al Ministerio de Hacienda y contemplaban un convenio de interoperabilidad con el Banco Central.
VISIONES DIVERGENTES
El diputado Santiago Pérez Pons lamentó el veto parcial a la Ley de Protección de Solvencia para personas con consumos problemáticos y cuestionó que la decisión del gobierno "priorice a bancos y fintechs por sobre los ciudadanos vulnerables y sus familias".
"Esta ley no pretendía regular el sistema bancario, sino tenderle una mano a un chaqueño o chaqueña que, en un momento de lucidez, decide registrarse voluntariamente para proteger su propio sueldo, el plato de comida de sus hijos y el techo de su familia", explicó.
El legislador sostuvo que la Provincia actuó dentro de sus facultades en materia de Defensa del Consumidor y remarcó: "La inscripción en este registro es un acto soberano de autoprotección, similar a la autoexclusión que ya existe en los casinos. No quita capacidad jurídica a nadie".
Pérez Pons también cuestionó que las objeciones técnicas no pudieran resolverse mediante reglamentación y concluyó: "La protección de los más vulnerables no puede ser vetada".
With, en cambio, señaló que las preocupaciones expresadas por el Ejecutivo le parecen razonables. Admitió que la ley podría haber mantenido la exigibilidad hacia las entidades crediticias, aunque reconoció que ese aspecto quedó desdibujado con el veto. Sobre la posibilidad de rechazar el veto, explicó que el bloque todavía "no tomó una decisión" y que analizará el tema, aunque las chances sostener la sanción original son prácticamente nulas.
