Una problemática en aumento
Durante décadas, los accidentes de tránsito fueron la principal causa de muerte entre adolescentes y jóvenes adultos en Argentina. Sin embargo, esa realidad comenzó a modificarse después de la pandemia y los datos oficiales muestran un cambio que obliga a prestar especial atención a la salud mental de las nuevas generaciones. Desde 2022, el suicidio es la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 24 años y, en 2024, volvió a ocupar el primer lugar entre quienes tienen entre 25 y 34 años, algo que no sucedía desde hacía casi dos décadas.
En la provincia del Chaco se registró la tasa más elevada de la región del NEA y a esta situación se suma el aumento de las tentativas de suicidio entre adolescentes señalado por Claudia Sforza, secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental del Chaco. El registro desarrollado junto con la Dirección Nacional de Salud Mental y otros organismos provinciales permite observar una problemática que se habría profundizado especialmente durante el período posterior a la pandemia.
Para comprender este fenómeno es necesario evitar explicaciones simples. El suicidio no responde, en general, a una única causa, sino que puede surgir de la combinación de distintos factores personales, familiares, sociales y económicos. En este sentido, los especialistas advierten que las dificultades relacionadas con los vínculos, el futuro, las posibilidades de acceder a un empleo y las condiciones económicas pueden aumentar la vulnerabilidad de adolescentes y jóvenes, especialmente cuando se suma la ausencia de adultos referentes o de redes de apoyo sólidas.
Por otro lado, el escenario posterior a la pandemia dejó consecuencias que exceden el ámbito estrictamente sanitario. El deterioro de los vínculos comunitarios, las situaciones de violencia, las dificultades sociales y los consumos problemáticos pueden combinarse y profundizar estados de vulnerabilidad. En ese sentido, Sforza también señaló la preocupación por el denominado consumo transgeneracional, es decir, situaciones en las que los consumos problemáticos atraviesan a distintos integrantes de una misma familia. Por consiguiente, las respuestas no pueden concentrarse únicamente en la persona que atraviesa una crisis, sino que deben contemplar también su entorno.
En el caso de los adolescentes, además, las redes sociales ocupan un lugar central en la construcción de vínculos. No obstante, el problema no reside exclusivamente en las plataformas digitales, sino en la falta de acompañamiento y supervisión adulta frente a determinadas situaciones. El hostigamiento, los mensajes violentos, los ataques organizados mediante grupos de mensajería, las posibles extorsiones y el contacto con adultos que se hacen pasar por adolescentes pueden generar nuevas formas de exposición y sufrimiento. A esto se suma el crecimiento de los juegos y casinos virtuales, junto con mensajes que prometen dinero rápido y pueden derivar en endeudamiento, frustración y conflictos familiares.
Frente a este panorama, resulta fundamental fortalecer las políticas de prevención. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud identifican cuatro grandes líneas de acción respaldadas por evidencia científica. Entre ellas se encuentran restringir el acceso a medios letales cuando corresponda, fortalecer la atención de la salud mental, especialmente en el primer nivel de atención, promover una cobertura responsable de los suicidios en los medios de comunicación y desarrollar sistemas de vigilancia capaces de identificar poblaciones y territorios con mayor riesgo.
Por otra parte, la prevención requiere recursos humanos suficientes y dispositivos de atención accesibles. También resulta necesario que las escuelas, las familias, los servicios de salud y las organizaciones comunitarias puedan reconocer señales de sufrimiento y actuar de manera temprana. La intervención oportuna puede ser decisiva, pero para que exista debe haber espacios donde adolescentes y jóvenes puedan expresar lo que les ocurre sin ser juzgados ni desatendidos.
Que el suicidio se haya convertido en la principal causa de muerte entre los jóvenes de determinadas franjas etarias constituye una señal de alarma que no debería ser naturalizada. Las estadísticas permiten dimensionar el problema, pero detrás de cada número existe una persona y una red de vínculos afectada. Por eso, enfrentar esta realidad exige políticas públicas de largo plazo, atención profesional, acompañamiento familiar y comunitario y una comunicación responsable. Comprender que las crisis tienen múltiples dimensiones es el primer paso para construir respuestas capaces de prevenir muertes evitables y ofrecer alternativas frente a este tipo de situaciones.
