Una entidad judicial nacional exige avanzar con la implementación del juicio por jurados civil en el Chaco

La Resolución 830/2026 tuvo su origen en los Juzgados Civil y Comercial N°1 y N°4 de Resistencia, que solicitaron aplicar el sistema en causas de responsabilidad civil derivadas de siniestros viales. El propio texto del fallo reconoce que esos casos cumplen con los requisitos generales de la ley, pero la mayoría —integrada por los jueces Modi, Grillo y Varela— entendió que no se dan las condiciones necesarias para poner en marcha el instituto.

Del otro lado, los ministros Emilia María Valle y Víctor Emilio Del Río firmaron una disidencia que ya empieza a dar que hablar en el ambiente judicial: para ellos, los casos reúnen todas las condiciones para ir a juicio con jurados y no hay motivo válido para seguir esperando.

Por qué importa: la razón está en la ruta

El argumento más fuerte de la disidencia tiene que ver con un problema que atraviesa a buena parte de las familias chaqueñas: la siniestralidad vial. Según el Informe de Siniestralidad Vial 2025 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Chaco registró 185 víctimas fatales en accidentes de tránsito durante el año pasado, lo que ubicó a la provincia en el tercer lugar entre las que tienen mayor tasa de mortalidad vial en todo el país.

Para Valle y Del Río, ese dato no es un detalle: es la prueba de que estos casos exceden el interés de las partes involucradas y tienen una relevancia social que justifica, ley en mano, que se resuelvan con participación ciudadana.

Una ley que ya cumple casi seis años

La Ley 3325-B se sancionó en diciembre de 2020 y entró en vigencia en marzo de 2021. Desde entonces, Chaco es noticia en el mundo jurídico internacional: fue la primera provincia argentina —y, junto a Japón, uno de los primeros territorios de tradición de derecho continental— en aprobar una ley de jurados para juicios civiles y comerciales. El tema motivó estudios académicos en varios idiomas y estuvo presente en congresos internacionales, incluido uno organizado en 2025 en el Colegio de Abogados de la Capital Federal.

La provincia también es la que puso en marcha con éxito el jurado penal en todo su territorio y la que creó el primer jurado intercultural del país, integrado por doce miembros de los pueblos Qom, Wichí y Moqoit para causas penales y civiles que los involucren.

El antecedente que incomoda: ya funciona en lo penal

Uno de los argumentos centrales de la disidencia apunta directamente a la experiencia acumulada por la propia provincia: el sistema penal por jurados ya realizó 99 juicios en Chaco y representa apenas el 0,15% del presupuesto total del Poder Judicial. Además, las seis circunscripciones judiciales ya cuentan con salas preparadas, una Oficina Judicial Central especializada, delegaciones territoriales y una lista oficial de jurados actualizada cada año.

Ese proceso, recuerdan los jueces disidentes, no fue de un día para el otro: el jurado penal arrancó en 2019 en una sola circunscripción y recién en 2023 llegó a todo el territorio provincial. Para Valle y Del Río, ese mismo camino gradual se puede —y se debe— replicar ahora en materia civil.

Lo que reclama la Asociación Argentina de Juicio por Jurados

Desde la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) calificaron la decisión de la mayoría como "una oportunidad histórica perdida" y remarcaron que el propio Superior Tribunal no tiene, a su criterio, atribuciones para frenar por tiempo indefinido una ley aprobada por la Legislatura chaqueña.

La entidad sostiene que la gradualidad prevista en la norma está pensada para organizar el arranque del sistema —seleccionar casos, capacitar operadores, ajustar procesos— y no para transformarse en una excusa permanente que impida que la ley se aplique alguna vez.

"Ese proceso debe comenzar ahora", sostuvieron en su voto los jueces Valle y Del Río, según se desprende del fallo, apuntando al tiempo ya transcurrido desde la sanción legislativa.

Qué puede pasar ahora

La pelota vuelve a estar del lado del propio Poder Judicial chaqueño. La ley sigue vigente, la infraestructura ya existe y hay jueces y abogados que piden aplicarla. Lo que falta, según la disidencia, es la decisión política-institucional de dar el primer paso, tal como ocurrió en su momento con el jurado penal.

Para buena parte de la comunidad jurídica local, el debate recién empieza: la pregunta ya no es si el Chaco va a tener jurados civiles, sino cuánto tiempo más va a esperar para que la ley que ya tiene se cumpla.