El oficialismo reactiva su agenda legislativa en el Senado

Este jueves en la sesión convocada en el Senado, La Libertad Avanza (LLA) buscará sancionar el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada antes del receso legislativo. Con la iniciativa, el oficialismo intenta retomar la agenda parlamentaria mientras continúan empantanadas las negociaciones con los bloques dialoguistas por la eliminación de las elecciones primarias (PASO) y la incorporación de colectoras en la Boleta Única de Papel (BUP).

Cabe recordar que, el temario fue acordado el pasado martes con la titular del bloque de LLA, Patricia Bullrich, y el resto de los jefes de bloque en la última reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Además de esa iniciativa, la Cámara alta tratará los ascensos del personal de la Cancillería y una serie de pliegos de integrantes del Poder Judicial.
La agenda también incluye un proyecto de la senadora Beatriz Ávila, del bloque Independencia, que propone declarar a San Miguel de Tucumán capital de la República cada 9 de julio.
Con el compromiso de los bloques de garantizar el quórum para la sesión de este jueves, los presidentes de bancada también definieron la hoja de ruta para después del receso invernal. En ese sentido, acordaron convocar a una nueva sesión el 6 de agosto para debatir el proyecto de ley Hojarasca, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que propone derogar legislación considerada obsoleta y que ya cuenta con media sanción de Diputados.
Además, también prevén incluir el proyecto de Falsas Denuncias, promovido por la senadora radical Carolina Losada, y el de Salud Mental, que aún no obtuvo dictamen y continúa en tratamiento en un plenario de las comisiones de Legislación General y Salud Pública.
Las iniciativas
El proyecto sobre la inviolabilidad de la propiedad privada incorpora modificaciones respecto de la versión original impulsada por el Gobierno, que proponía eliminar todas las restricciones para que empresarios extranjeros pudieran adquirir tierras rurales. El dictamen finalmente establece que, en el caso de los inmuebles ubicados en zonas de frontera, las operaciones deberán contar con un doble aval: el de la provincia correspondiente y el del Poder Ejecutivo Nacional.