La tierra no es una mercancía: está en juego el futuro de nuestros territorios

Señor director de NORTE:

En los próximos días podría avanzar en el Congreso de la Nación un proyecto que busca modificar la legislación vigente sobre la propiedad de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

 Desde la Multisectorial expresamos nuestra profunda preocupación por las consecuencias que una medida de estas características puede tener para los territorios, las comunidades campesinas e indígenas, los bienes comunes y la soberanía de nuestro país.

Esta discusión no puede reducirse a un debate sobre inversiones o seguridad jurídica. Lo que está en juego es mucho más profundo: quiénes controlarán la tierra, con qué objetivos y qué lugar ocuparán quienes históricamente la habitan, la trabajan y la defienden.

A nivel global, vivimos tiempos de profundas contradicciones. Mientras la humanidad alcanza niveles inéditos de desarrollo tecnológico, la Casa Común muestra heridas cada vez más visibles. La tierra se agrieta, las aguas son amenazadas, los pueblos son desplazados y la lógica extractivista continúa expandiéndose como si los bienes de la creación fueran infinitos.

La tierra no es una mercancía cualquiera. Es el sustento de la vida, de la producción de alimentos, de la cultura de nuestros pueblos y de la conservación de los ecosistemas. Es el espacio donde se construyen relaciones comunitarias, identidades y formas de producir que han permitido sostener la vida rural durante generaciones.

Abrir aún más las puertas a la adquisición de tierras por grandes capitales extranjeros significa profundizar un proceso de concentración que Argentina ya conoce. Sin embargo, el problema de fondo no es únicamente la nacionalidad del propietario.

También preocupa un modelo de desarrollo que favorece la acumulación de grandes extensiones en pocas manos, sean estas extranjeras o nacionales, desplazando a pequeños productores, comunidades campesinas y pueblos indígenas.

La experiencia demuestra que cuando la tierra se transforma principalmente en un activo financiero aumentan los conflictos territoriales, crecen las presiones para desalojar comunidades, se encarece el acceso a la tierra para quienes producen alimentos y se consolidan actividades extractivas orientadas exclusivamente a la rentabilidad.

En nuestra provincia estos procesos tienen consecuencias concretas. Se profundizan los desmontes, avanza la degradación ambiental, disminuye la biodiversidad, se afectan las fuentes de agua y se debilitan las economías regionales basadas en la agricultura familiar.

Los bienes naturales dejan de entenderse como patrimonio de los pueblos para convertirse en recursos al servicio de intereses económicos cada vez más concentrados.

Los territorios indígenas y campesinos constituyen uno de los principales focos de preocupación. Muchas comunidades aún esperan el reconocimiento pleno de sus derechos territoriales y enfrentan conflictos de larga data por la posesión de las tierras que ocupan ancestralmente. Promover políticas que incrementen la presión sobre esos territorios puede agravar situaciones de vulnerabilidad y generar nuevos conflictos sociales.

Defender límites a la extranjerización de la tierra no significa rechazar toda inversión extranjera. Significa reconocer que existen bienes estratégicos cuyo destino no puede quedar exclusivamente sujeto a las reglas del mercado. La tierra, el agua, los bosques, los humedales y la biodiversidad cumplen funciones sociales, ambientales y culturales que trascienden cualquier lógica de rentabilidad.

Como sociedad necesitamos discutir qué modelo de desarrollo queremos construir. ¿Uno basado en la concentración de la tierra, la expansión extractiva y la exportación de bienes primarios? ¿O uno que fortalezca la producción de alimentos, la agricultura familiar, el arraigo rural, el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y la protección de nuestros bienes comunes?

La Constitución Nacional reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas y sus derechos sobre los territorios que tradicionalmente ocupan. También reconoce el derecho de todas las personas a un ambiente sano y el deber de preservarlo para las generaciones presentes y futuras. Estos principios deben orientar cualquier reforma legislativa vinculada al acceso y control de la tierra.

Desde la Multisectorial hacemos un llamado a legisladores nacionales, gobiernos provinciales y a toda la sociedad para que este debate no se resuelva únicamente desde la lógica del mercado. La tierra es un bien estratégico para la vida, la producción de alimentos, la justicia social y la soberanía de nuestro pueblo.

Hoy más que nunca es necesario defender políticas que garanticen el acceso democrático a la tierra, protejan los territorios campesinos e indígenas, eviten una mayor concentración de la propiedad y resguarden los bienes comunes que pertenecen a toda la sociedad.

Porque cuando la tierra se concentra, también se concentra el poder. Y cuando el territorio deja de estar al servicio de quienes lo habitan, se debilita la democracia, la soberanía y la posibilidad de construir un futuro con justicia social y ambiental.

La Tierra no está delante de nosotros como un objeto; estamos dentro de ella como parte de una gran comunidad de vida (Leonardo Boff).

TATO FIGUEREDO

MULTISECTORIAL GENERAL SAN MARTÍN