El gobierno enviará al Congreso un nuevo megaproyecto de desregulación
Esta vez, podría tensar la relación con los gobernadores aliados.
El ministro Federico Sturzenegger, apodado por el Presidente como "el coloso", apunta a eliminar institutos de promoción en sectores estratégicos como el gas licuado, el vino y la carne vacuna, pero el impacto territorial de estas medidas amenaza con romper el apoyo parlamentario que hasta ahora el oficialismo recibió de distritos gobernados por socios de la Casa Rosada.
El paquete legislativo, que sumaría 349 artículos, propone derogar leyes clave: la Ley 26.020 que regula la industria del GLP; la Ley 23.149 de promoción vitivinícola; y la Ley 25.849 que creó la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), lo que implica la liquidación de esta entidad. También avanza sobre la Ley 25.507 del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), eliminando su sistema de financiamiento obligatorio. A estas se suman la derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera y la Ley de Doblaje, en una ofensiva que busca reducir la intervención estatal y fomentar la competencia en nombre de la liberalización económica.
El problema político es que estos institutos operan en provincias gobernadas por aliados estratégicos, cuyos diputados y senadores votaron a favor de las iniciativas anteriores. Ahora, el Ejecutivo podría enfrentar resistencia en el Congreso si esos gobernadores perciben que la eliminación de los organismos perjudica a sus economías regionales. La decisión de liquidar COVIAR, por ejemplo, golpea de lleno a la vitivinicultura mendocina y sanjuanina, mientras que el recorte al IPCVA afecta a la ganadería de varias provincias pampeanas y del norte.
El argumento oficial es que estos institutos distorsionan el mercado y perpetúan privilegios sectoriales. Sturzenegger sostiene que la competencia y la libre interacción entre oferta y demanda son el mejor regulador, y que el Estado no debe subsidiar ni intervenir en actividades productivas. Sin embargo, los críticos advierten que la desregulación abrupta deja a los pequeños productores sin herramientas de promoción y financiamiento, en beneficio de los grandes actores del mercado.
Este nuevo paquete se suma a una ofensiva que ya llevó a la disolución, fusión o reformulación de más de cien organismos públicos entre julio de 2024 y julio de 2025, según datos del propio Ministerio de Desregulación. Entre ellos, el INASE, el INAFCI, la ARICCAME y diversos regímenes de promoción sectorial agropecuaria, además del desfinanciamiento de entidades como el INTI, el INTA y el Instituto Nacional de Yerba Mate. La estrategia del "motosierra" avanza sin pausa, pero ahora se topa con la geografía política. El riesgo para el Gobierno es que el costo electoral de estas medidas en las provincias aliadas termine socavando la base legislativa que necesita para sostener su proyecto reformista.
