El gobierno suspendió el decreto que paralizó los puertos y los prácticos volverán al trabajo

   El principio de acuerdo alcanzado este martes en el Ministerio de Seguridad Nacional representa un giro de 180 grados respecto de la posición inicial del ministro Federico Sturzenegger, quien había calificado a los prácticos como un "kiosco regulatorio" que había que desarmar.

   El entendimiento, que será elevado a la Presidencia para su ratificación, establece cuatro puntos clave. El primero y más relevante es la suspensión de los efectos del decreto que eliminaba los cupos de inscripción, habilitaba la contratación directa y permitía que capitanes extranjeros prescindieran del práctico local. La medida, que los profesionales habían rechazado con un cese coordinado de actividades, queda ahora en suspenso mientras se redacta un nuevo marco regulatorio.

   El segundo punto ordena la reactivación inmediata del servicio, lo que permitirá que los buques varados vuelvan a moverse. El tercero crea una mesa intersectorial integrada por el Ministerio de Seguridad, la Prefectura Naval, la Agencia Nacional de Puertos y el sector privado para consensuar un nuevo reglamento. Y el cuarto fija una reducción del 20 por ciento en las tarifas vigentes, un punto intermedio entre el 10 que ofrecían los prácticos y el 30 que exigía el gobierno.

   La negociación, que duró más de una hora y media, fue liderada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y contó con la participación de los representantes del sector, Miguel Ángel Doñate, John Eric Ryan y Mónica Navarro. El acta firmada al cierre del encuentro será elevada a la Presidencia, pero el solo hecho de haber aceptado suspender el decreto implica un reconocimiento tácito del gobierno de que su estrategia de confrontación fracasó.

   El conflicto había dejado cifras demoledoras. Las pérdidas por buque varado oscilaban entre 50.000 y 100.000 dólares diarios, lo que implicaba un desplome de más de 4,5 millones de dólares al día solo para el sector agroexportador. La parálisis frenó las exportaciones de granos, la distribución de combustibles y hasta el equipamiento para la megaconstrucción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, un proyecto de 3.000 millones de dólares que promete mover 2 millones de barriles por día a partir de 2027. El sector energético encendió todas las alarmas: si el conflicto se extendía dos o tres días más, el desabastecimiento de combustibles se haría sentir en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, donde el combustible llega exclusivamente por vía marítima.

  Frente al estancamiento, el gobierno había redoblado la apuesta. La Prefectura Naval intimó a 536 prácticos a retomar tareas bajo amenaza de sanciones disciplinarias y denuncias penales que podían derivar en hasta ocho años de prisión por "poner en peligro la seguridad de una nave". Pero los prácticos mantuvieron su postura de hierro: no había diálogo posible sin la suspensión previa del decreto. Y el gobierno, finalmente, tuvo que ceder.

   La decisión presidencial, que se espera en las próximas horas, será clave para confirmar el acuerdo. Pero el retroceso ya es un hecho: Sturzenegger, el ministro que prometía desregular a cualquier precio, debió aceptar que los prácticos no son un "kiosco" que se desarma con un decreto, sino una profesión estratégica sin la cual el comercio exterior argentino simplemente se detiene. Los 185 barcos que esperaban en el agua, los silos que se llenaban sin poder descargar y las petroleras que veían peligrar su abastecimiento fueron la prueba de fuego que el gobierno no pudo superar con amenazas. La marcha atrás, aunque disfrazada de "suspensión", es una derrota política para el ministro y una victoria para los prácticos, que demostraron que, en la hidrovía, su oficio sigue siendo tan indispensable como siempre.