La verdad tras la derogación de la Ley de Tierras Rurales

No es difícil advertir cuál es la verdadera intención detrás del intento por derogar la ley que limita la propiedad de la tierra en manos extranjeras. Disfrazada de un discurso de "libertad de mercado", la medida busca ampliar los privilegios de un puñado de corporaciones transnacionales y amigos del poder, garantizándoles negocios con rentabilidades escandalosas que no existen en ninguna otra parte del mundo.

El esquema propuesto les permite acumular recursos naturales sin restricciones ni soberanía territorial, explotar nuestro suelo y agua sin controles ambientales, exportar lo producido sin pagar tributos locales y fugar el ciento por ciento de las divisas al quedar eximidos de la obligación de liquidar los dólares en la aduana argentina.

Esta iniciativa busca entregar el manejo monopólico de recursos estratégicos a multinacionales que concentran el capital financiero, la tecnología, la fabricación de armamento bélico; y liberar las fronteras para sus negocios, comprometiendo de manera directa la calidad de vida y el futuro de nuestro pueblo.

Queda claro que la prioridad de la gestión de Milei no es generar empleo local, ni aportar divisas al Banco Central, ni recaudar impuestos, ni impulsar la compra a proveedores nacionales. La única prioridad es garantizar ganancias extraordinarias e intocables para sus jefes, los fondos buitres y la especulación financiera. Mantener la ley 26.737 es proteger el agua y la soberanía. 

Qué establece la normativa

Sancionada en diciembre de 2011 bajo el nombre de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, la norma fija límites precisos para resguardar el patrimonio del país:

- Límite general de 15%. Prohíbe que las personas físicas o jurídicas extranjeras posean más de ese porcentaje del total de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal.

- Tope por nacionalidad. Ninguna nacionalidad puede superar el 30% dentro de ese cupo de 15%.

- Tope por titular. Máximo de 1000 hectáreas por propietario en la denominada "zona núcleo".

- Protección de recursos hídricos. Prohíbe expresamente que extranjeros sean dueños de tierras que contengan o linden con cuerpos de agua permanentes (ríos, lagos, mares o humedales).

- Zonas de frontera. Reafirma el régimen especial (decreto-Ley 15.385/44) que restringe la titularidad extranjera en franjas fronterizas (150 km en límites terrestres y 50 km en marítimos) por motivos de defensa nacional y control de soberanía.

Los riesgos de la entrega: expulsión, minería y RIGI

No es la primera vez que el gobierno intenta avanzar sobre esta legislación. Ya lo ensayó con el DNU 70/2023 - cuyo capítulo territorial terminó suspendido en la Justicia - y hoy reincide mediante un proyecto de ley en el Congreso.

Los principales riesgos de este avance son:

- El nuevo botín: agua dulce y Data Centers para la Inteligencia Artificial. Detrás de la desregulación se oculta un objetivo clave: habilitar la venta de territorio a corporaciones tecnológicas. El desarrollo de la Inteligencia Artificial exige superficies masivas y millones de litros de agua dulce para refrigerar sus gigantescos data centers. Sin la ley, nuestros acuíferos, ríos y lagos quedan a merced del capital transnacional, para privatizar un recurso vital para el futuro del país.

- Expulsión y descapitalización del productor nacional. La quita de salvaguardas profundiza la concentración latifundista. Pone a nuestros productores, Pymes y chacareros a competir en desventaja absoluta contra fondos de inversión cuyos patrimonios superan el presupuesto de estados enteros, encareciendo el arrendamiento y empobreciendo al campo argentino.

- Pérdida de soberanía sobre recursos críticos: Al eliminar la prohibición de vender tierras con riberas de ríos, lagos, glaciares y cuencas estratégicas (como el Acuífero Guaraní), las reservas de agua dulce pasan a titularidad privada extranjera. Esto limita el acceso público, pone en riesgo la biodiversidad y anula cualquier planificación estatal sobre el recurso.

- Pérdida de control en Zonas de Frontera: La acumulación de grandes extensiones en áreas limítrofes crea "enclaves" donde la fiscalización ambiental, tributaria y de seguridad del Estado se vuelve prácticamente imposible, vulnerando la soberanía y facilitando el avance de actividades ilegales.

- Dependencia alimentaria, desempleo y desindustrialización: El vuelco irrestricto hacia la exportación directa de commodities sin procesar reduce la oferta de alimentos para el mercado interno y empuja los precios al alza. El resultado es un círculo vicioso: destrucción del empleo local, caída de la recaudación y fuga de riquezas hacia países que aseguran su abastecimiento a costa del despojo argentino.

Lo que han logrado extranjerizar hasta ahora

Actualmente, sobre 267 millones de hectáreas rurales, más de 13 millones ya están en manos de personas o corporaciones extranjeras (alrededor del 5% del total nacional). 

Existen más de 36 departamentos en el país que ya superan el límite legal de 15%, con casos extremos como San Carlos (Salta, 60%), Molinos (Salta, 58%), General Lamadrid (La Rioja, 57%), Lácar (Neuquén, 54%) y Campana (Buenos Aires, 50%). Casualmente, son áreas donde coinciden las reservas estratégicas de litio, cobre y agua en la cordillera y glaciares. Los mayores propietarios son EEUU, Italia y España, que concentran más de la mitad de esa tierra. Solo los propietarios estadounidenses poseen más superficie en la Argentina que toda la provincia de Tucumán. Le siguen firmas de Suiza, Chile, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Si a esta desregulación territorial le sumamos el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que garantiza la libre disponibilidad del ciento por ciento de divisas, exenciones impositivas por 30 años y la renuncia a la jurisdicción nacional ante tribunales como el Ciadi, el resultado es evidente: un modelo extractivista que no deja escuelas, ni hospitales, ni infraestructura. Aunque el promedio general del país oculta concentraciones extremas, las cifras actuales ya exigen un freno inmediato.

Legisladores, tienen la responsabilidad histórica de defender el suelo argentino.

A Javier Milei y a sus socios no les preocupa la realidad de los argentinos ni el destino del país. Su único objetivo es asegurar los negocios de los mismos sectores que lo han impulsado para empobrecer al pueblo y endeudar al Estado en más de 150.000 millones de dólares —el equivalente a cinco veces las reservas del Banco Central—.

Nuestras y nuestros legisladores no tienen mucho que analizar: está más que claro quién se perjudica y quién se beneficia con esta iniciativa. Tienen la responsabilidad histórica de defender el suelo argentino. Digamos NO a la derogación de la Ley de Protección del Dominio de nuestra Tierra Rural.