Liberaron a las dos detenidas
La exjefa de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, y la exdirectora del INAME, Gabriela Mantecón Fumadó, fueron liberadas ayer tras cinco días de prisión.
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, les concedió la excarcelación bajo una caución real de $75 millones cada una, garantizada con hipotecas sobre inmuebles propios y de familiares. Además, ambas entregaron sus pasaportes y tienen prohibido salir del país.
Las exfuncionarias están acusadas por el artículo 201 bis del Código Penal, que prevé penas de 10 a 25 años por contaminar sustancias medicinales con resultado de muerte. El 3 de enero de 2025, recibieron el resultado de una inspección que revelaba graves irregularidades en el Laboratorio Ramallo y recomendaba frenar su producción. Sin embargo, las autoridades tardaron más de un mes en tomar medidas, mientras se distribuía el fentanilo contaminado que provocó al menos 90 muertes.
Durante su indagatoria, Mantecón Fumadó intentó justificar la demora al declarar que elevó el informe a Bisio, quien supuestamente consultó al ministro de Salud, Mario Lugones. Según su relato, Lugones les habría sugerido "avanzar con cautela", lo que implica directamente al jefe de la cartera sanitaria en la respuesta tardía del Estado.
Ambas funcionarias fueron removidas de sus cargos: Mantecón Fumadó en agosto de 2025 y Bisio recién en enero de 2026, cuando la investigación ya estaba avanzada. En la causa hay 13 imputados. Los dueños del laboratorio, Ariel y Diego García Furfaro, siguen detenidos, al igual que el director técnico de HLB Pharma, José Maiarano. Otros tres involucrados, entre ellos la directora técnica de Ramallo, Carolina Ansaldi, gozan de prisión domiciliaria.
La liberación de las exreguladoras, mientras la investigación sobre la mafia del fentanilo continúa, deja más preguntas que respuestas. La principal: ¿hubo un precio político o económico por la connivencia con la industria farmacéutica? El Ministerio de Salud, involucrado por la declaración de Mantecón Fumadó, aún no dio a conocer los resultados de la sumaria administrativa prometida, mientras la Justicia intenta desentrañar si la demora en salvar vidas fue negligencia o complicidad.
