Ravier admitió que el gobierno retiene el impuesto a la nafta para otros fines
La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional la reparación inmediata e integral de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento General López, sur de Santa Fe, tras considerar que la falta de mantenimiento constituye una omisión "con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas".
El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, hizo lugar a un amparo presentado por la senadora provincial Leticia Di Gregorio y determinó que el Estado nacional, a través de Vialidad Nacional o las empresas concesionarias, debe garantizar la plena transitabilidad de esos corredores. El magistrado subrayó que las restricciones presupuestarias alegadas por el organismo no eximen su responsabilidad, y señaló una "omisión comunitaria" que involucra a la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Esta decisión cobra especial relevancia tras las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien admitió que el Ministerio de Economía retiene parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles -que por ley debe destinarse al Sistema Vial Integrado- para "lograr el equilibrio fiscal". "Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos van", afirmó Ravier, confirmando que el resto lo dispone el ministro Luis Caputo para cubrir el déficit.
La situación expone una presunta irregularidad grave: los fondos del impuesto a los combustibles tienen asignación específica para obras viales, por lo que su desvío constituiría una violación legal. Según reveló el diario La Nación, el Gobierno recaudó más de 1,5 billones de pesos para ese fideicomiso en los últimos dos años y medio, pero ejecutó apenas una cuarta parte y mantuvo más de 1 billón invertido en plazos fijos y títulos públicos. La tasa de subejecución asciende al 73,8%, lo que habría permitido intervenir entre 20.000 y 25.000 kilómetros de la red vial, actualmente en estado deplorable.
Como consecuencia, la diputada Verónica Tolosa Paz presentó una denuncia penal contra Caputo y otros funcionarios por presunta malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y abuso de autoridad. La declaración de Ravier, que admite abiertamente el desvío de fondos, podría ser incorporada a la causa y agravar la situación judicial del ministro.
No es la primera vez que el vocero complica a Caputo. El mes pasado, Ravier afirmó que "es una posibilidad que el dólar llegue a $1.800 en los próximos meses", lo que generó turbulencias en el mercado y provocó malestar en el equipo económico.
La retención de lo recaudado por el impuesto a los combustibles es un viejo reclamo de los gobernadores, que incluso intentaron impulsar una ley para modificar la distribución. Sin embargo, finalmente negociaron con la Casa Rosada y dejaron caer el proyecto, mientras el deterioro de las rutas continúa profundizándose en todo el país.
El fallo judicial trasciende así una disputa contractual entre el Estado y sus concesionarios: el Estado nacional deberá asegurar que las rutas 7, 8 y 33 recuperen su plena transitabilidad, más allá de que las obras sean ejecutadas por empresas privadas. La resolución expone además la contradicción entre la disponibilidad de recursos y la falta de mantenimiento, planteando un escenario de posible responsabilidad penal para los funcionarios involucrados.
