El Gobierno retiene $59.330 millones que por ley pertenecen a los bomberos voluntarios

El Gobierno nacional no distribuyó en los últimos dos años $59.330 millones a los bomberos voluntarios de todo el país, pese a que la Ley 25.054 lo establece como obligatorio. El dato lo reveló el diputado nacional Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria-La Pampa), luego de solicitar acceso a información pública ante la falta de respuestas del Ejecutivo.

Los fondos provienen de una contribución obligatoria que las compañías aseguradoras de todo el país pagan sobre las primas de seguros —excepto los seguros de vida— a la Superintendencia de Seguros de la Nación. "No son fondos de la Nación, son fondos de los bomberos y la Nación los administra y los recauda", enfatizó Rauschenberger. Este dinero no sale del Tesoro Nacional ni es un impuesto general del Estado: el Gobierno actúa únicamente como agente de recaudación y distribución a través del Ministerio de Seguridad.

"El año pasado se recaudó una suma y se distribuyó menos. También hay algo sin distribuir del 2024. Cuando sumamos lo que no repartieron, pero sí recaudaron en los dos años anteriores, da $59.330 millones. Estamos hablando de casi $50 millones por cuartel", explicó el legislador pampeano. Y agregó: "Del año 2026 están repartiendo menos de lo que recaudan, con lo cual se va a dar la misma situación: el Gobierno se va a quedar con el excedente".

Fondo específico atrapado en la burocracia

La Ley 25.054, sancionada en 1998 y modificada en 2014, creó el Fondo Nacional de Bomberos Voluntarios, financiado con una contribución obligatoria de entre el 0,5% y el 1,5% sobre las primas de seguros —dependiendo del tipo de cobertura— que las aseguradoras liquidan ante la Superintendencia de Seguros de la Nación. El 80% de ese fondo se transfiere de manera equitativa entre los cuarteles de todo el país, el 10% se asigna a las federaciones provinciales y el resto a otros destinos previstos por la norma.

Según denunció la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, el conflicto se originó cuando el dinero recaudado fue derivado a una caja que no correspondía dentro del Ministerio de Economía, lo que dejó los fondos bloqueados sin posibilidad de ser utilizados. Los datos oficiales muestran que el excedente de recaudación de 59.330 millones de pesos ingresó a las arcas nacionales en octubre de 2025 y debía distribuirse entre los cuarteles antes de finalizar ese año.

Sin embargo, el expediente para la modificación presupuestaria necesaria estuvo sin movimiento en la Oficina Nacional de Presupuesto durante más de cinco meses, desde febrero hasta finales de mayo de 2026. Además, más de $40.000 millones de ese remanente fueron incorporados a una partida presupuestaria calificada como "no ejecutable", lo que impidió formalmente su distribución.

"Es inentendible que esta mora en la distribución de los fondos que tiene el Gobierno de la Nación no encuentre justificativos de ninguna naturaleza", afirmó Ariel Vicario, vicepresidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba. Y subrayó que estos recursos "no están sujetos a criterios de oportunidad, mérito o conveniencia de la administración nacional".

El reclamo se extiende por todo el país

La situación es crítica en todas las provincias. En Córdoba, los 192 cuarteles realizaron un "sirenazo" el pasado viernes 24 de julio para visibilizar el reclamo. Según Vicario, cada cuartel cordobés tiene derecho a percibir $45 millones correspondientes a la recaudación de 2025 que no fue distribuida, más $94 millones correspondientes al ejercicio 2026. En total, $139 millones por cada uno de los 192 cuarteles de la provincia.

En Misiones, la deuda alcanza a 22 de las 34 asociaciones habilitadas, con un acumulado cercano a los $2.156 millones, unos $98 millones por institución. Algunos cuarteles ya comenzaron a restringir la atención de emergencias para preservar combustible y equipamiento. "El Gobierno no puede retener recursos que ya fueron recaudados por ley mediante el pago a las aseguradoras y que tienen un destino específico que es a los bomberos voluntarios", advirtió Ramón Andrés Acosta, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Itaembé Miní.

En Mendoza, los bomberos también se sumaron a la protesta nacional, advirtiendo que la demora afecta la compra de equipamiento, herramientas e indumentaria indispensable para prestar servicio. "Nuestros equipos tienen costos en dólares y necesitamos esos recursos para seguir funcionando. No estamos pidiendo un subsidio, sino dinero que por ley nos corresponde", expresaron durante la movilización.

El diputado rionegrino Marcelo Mango también presentó un reclamo formal, señalando que la Patagonia es una de las regiones más afectadas: "En muchos municipios del interior de Río Negro, el cuartel de Bomberos Voluntarios es la única respuesta ante emergencias que van desde incendios forestales hasta accidentes de tránsito en rutas alejadas. Sin recursos para combustible, equipamiento o indumentaria de protección, esa red de contención se debilita directamente".

"Así cualquiera logra el equilibrio fiscal"

Rauschenberger fue contundente al vincular esta retención con la estrategia fiscal del Gobierno: "Hay una forma sistemática de tomar recursos que no les corresponden. Se están quedando con unos 59 mil millones de pesos". Y cuestionó: "El Gobierno muestra superávit a cuenta del desequilibrio de otros. Esto es el equilibrio de uno a costa del desequilibrio de los otros: de las provincias, de los bomberos, de las rutas, de distintos actores, con tal de mostrar cuentas ordenadas. Que no las hay".

El diputado recordó que ya desde el año pasado advirtió sobre esta práctica: "La Nación retuvo a todos los cuarteles de bomberos de la Argentina 43.078 millones de pesos", y sostuvo que esos recursos fueron utilizados para mejorar el resultado fiscal.

El vicepresidente de la Federación de Bomberos de Córdoba fue más allá y calificó la situación como una "retención indebida y arbitraria de recursos que tienen asignación específica y un destino exclusivo fijado por ley". Desde la Federación advirtieron que "retener o desviar recursos implica una malversación de fondos".

Sin respuestas y con el fuego acechando

A pesar de los reclamos formales ante el Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Gabinete, el dinero sigue paralizado. Tras el "sirenazo" del pasado viernes, la Federación de Bomberos informó que hasta el momento no hubo respuesta de la Nación.

La situación se agrava por el contexto climático. Córdoba se encuentra actualmente en temporada alta de incendios. "La correcta administración de recursos ha permitido que, hasta el momento, no se obstaculice la asistencia en emergencias", admitió Vicario, aunque el riesgo de que la falta de fondos termine afectando la capacidad operativa es inminente.

El reclamo de los bomberos voluntarios —que prestan servicio de manera ad honorem, sin percibir salario— no es un pedido de auxilio extraordinario. Es la exigencia de que el Gobierno cumpla con una ley que lleva más de 25 años vigente y que no deja margen para decidir si se envían o no los fondos. Como resumió Rauschenberger: "No son fondos extraordinarios, son fondos que por ley le corresponden a los bomberos".

Mientras tanto, los cuarteles de todo el país esperan. Y las sirenas, que deberían sonar solo para alertar sobre el fuego, siguen sonando en reclamo de una deuda que el Estado no debería haber contraído.