El triple frente de tormenta de Caputo

   La urgencia del ministro de Economía, Luis Caputo, por engrosar las reservas del Banco Central y aliviar la escasez de divisas desató una tormenta en el terreno legal y financiero. Al apartar al Tribunal de Tasaciones de la Nación y delegar las valuaciones de empresas estratégicas en una comisión de confianza dentro del BICE, el funcionario no solo aceleró los plazos de una licitación polémica, sino que abrió un triple frente que combina la desconfianza del mercado global, el riesgo de futuras causas penales y un daño estructural a la seguridad jurídica argentina que podría extenderse por décadas.

   El epicentro de la controversia se encuentra en la estimación preliminar de activos como el gigante sanitario AySA, cuyo valor de venta se llegó a mencionar en torno a los u$s 500 millones. Para especialistas en derecho administrativo, esta cifra no solo resulta llamativamente baja en comparación con el valor patrimonial y estratégico de la compañía, sino que constituye un piso de venta que vulnera de raíz la calidad de la competencia.

   ¿La razón? Un precio de ese calibre ahuyenta automáticamente a los fondos institucionales más rigurosos del planeta, aquellos que exigen en sus estatutos internos una transparencia absoluta en los procesos de valuación. Al percibir que la tasación se realizó en la penumbra de una comisión ad hoc y no bajo la lupa del órgano técnico competente, estos inversores optan por retirarse del tablero, dejando el camino libre para compradores de menor perfil o, peor aún, para operadores con intereses políticos que podrían pagar muy por debajo del valor real del activo.

   Sin embargo, la fuga de los grandes fondos no es más que la primera ficha de un dominó que amenaza con derrumbarse sobre la economía real. El mercado internacional lee con nitidez una señal alarmante: un activo nacido de una subvaluación forzada es, por definición, un contrato frágil y políticamente vulnerable.

   Ante un eventual cambio de signo en el gobierno de turno, las probabilidades de que el acuerdo sea rescindido, renegociado o directamente estatizado sin una indemnización justa se multiplican de manera exponencial. Esta percepción de inestabilidad no es un mero ruido mediático; se traduce en un incremento sostenido del Riesgo País de largo plazo, encareciendo el costo del financiamiento para toda la Argentina y cerrando las puertas a los créditos internacionales que el propio Gobierno busca desesperadamente.

   El segundo frente de esta tormenta es el puramente judicial. La sospecha de que se está convalidando un "precio vil" por empresas del Estado no es una cuestión menor ni un simple disenso técnico; es el caldo de cultivo perfecto para la apertura de causas penales. Abogados penalistas consultados sobre el expediente advierten que los funcionarios que firmen estas licitaciones podrían quedar expuestos a delitos de defraudación por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

   La figura penal se sostiene en la premisa de que, al prescindir deliberadamente de un organismo técnico como el Tribunal de Tasaciones para imponer criterios propios que beneficien a compradores específicos, se estaría lesionando el patrimonio estatal en beneficio de intereses particulares.

   Y aquí es donde aparece el tercer frente, el de la memoria histórica. El antecedente de las privatizaciones de los años noventa es un fantasma que ronda cada rincón del Palacio de Hacienda. Los funcionarios que gestionaron la venta de empresas públicas durante la administración de Carlos Menem enfrentaron juicios y procesamientos que se extendieron a lo largo de más de dos décadas, precisamente por las mismas acusaciones que hoy empiezan a formularse: la sospecha de haber malvendido el patrimonio de los argentinos.

   La particularidad de estos delitos económicos es que no prescriben rápidamente; el paso del tiempo no borra la firma estampada en un contrato lesivo para el interés público. Lo que hoy se presenta como una solución exprés para conseguir divisas frescas podría convertirse en una condena judicial perpetua para los firmantes, con procesos que se arrastrarían mucho más allá de los límites de su mandato.

   En definitiva, la estrategia de Caputo para salir del ahogo cambiario mediante la liquidación acelerada de activos públicos encierra una paradoja. Al priorizar la caja inmediata, el ministerio está sembrando vientos de inseguridad jurídica y opacidad que cosecharán tempestades en el mediano plazo. La subvaluación de una empresa como AySA no solo ahuyenta a la inversión seria y eleva el costo país, sino que coloca a los funcionarios de turno en la mira de la Justicia, bajo el peso de un precedente histórico que ya demostró que, en la Argentina, vender barato el patrimonio nacional tiene un precio mucho más alto que el que figura en el papel de la licitación.