Fuerte rechazo en el ámbito cultural a la decisión del Gobierno
El gobierno Milei dispuso la disolución del Coro Nacional de Niños, uno de los organismos estables más emblemáticos de la cultura argentina, mediante el Decreto 687/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el mandatario y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
La medida, que elimina una institución con casi 60 años de trayectoria ininterrumpida, desató fuertes críticas de referentes del ámbito musical y periodístico, que cuestionaron tanto los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo como el método empleado.
Desde la Secretaría de Cultura se explicó que la decisión respondió a "irregularidades" o "incompatibilidades administrativas" detectadas en el funcionamiento del organismo, vinculadas a la participación de menores de edad que percibían una remuneración de la Administración Pública. El gobierno invocó la Ley 26.390, que prohíbe los vínculos laborales formales o servicios remunerados para menores de 16 años, como el marco legal que impedía mantener la estructura anterior.
El área conducida por Leonardo Cifelli sostuvo que la medida forma parte de un "proceso de revisión integral" de programas y organismos públicos con el objetivo de optimizar recursos y ampliar el alcance de las políticas culturales. La normativa, que modificó el decreto original de creación de 1967 (Decreto 8557), suprimió la distinción entre el Coro Polifónico Mixto y el Coro de Niños, quedando únicamente bajo la órbita estatal el Coro Polifónico Nacional.
Respuesta de la directora: "Debía corregirse, no disolverse"
María Isabel Sanz, directora del Coro Nacional de Niños desde 2010, rechazó enérgicamente el argumento oficial. La maestra aclaró que los montos que percibían los niños no constituían un salario laboral, sino una "designación temporal" destinada a cubrir gastos operativos de la actividad —como traslados, viáticos, comidas y vestimenta—, que era cobrada por los padres en carácter de apoderados legales. "Era un monto inferior a una jubilación mínima", detalló.
Sanz sostuvo que, si existía algún inconveniente administrativo o legal, este debía corregirse sin necesidad de disolver un organismo que funcionó durante décadas sin objeciones jurídicas previas. El coro, que llegó a tener 40 integrantes, contaba al momento de la suspensión con 19 niños. La directora señaló además que el elenco permanecía suspendido desde el 1° de abril y que, tras el receso de Semana Santa, el personal y los niños encontraron cerrado el edificio donde desarrollaban sus actividades.
Reemplazo anunciado y críticas
El gobierno aclaró que la disolución no implica abandonar los objetivos culturales y pedagógicos de la institución. En su lugar, la Secretaría de Cultura anunció la creación de un nuevo Programa de Formación Artística, que incluirá líneas de acción en "Práctica y Desarrollo Artístico en Canto Coral" y "Danzas", diseñado para mitigar cualquier incompatibilidad administrativa y ampliar el alcance de la formación.
Sin embargo, Sanz consideró "absolutamente ambiguo" este nuevo programa y advirtió que la disolución implica la desaparición de un organismo especializado cuya función no puede ser sustituida por una escuela de formación. "¿Por qué destruir algo que funcionaba bien?", cuestionó la directora.
Reacciones en el ámbito periodístico
Uno de los cuestionamientos más resonantes fue el del periodista Nelson Castro, quien durante su programa en Radio Rivadavia arremetió contra la medida: "Qué muestra de ignorancia. Presidente, el costo presupuestario de todo el coro era el sueldo de un senador". Castro repudió con vehemencia la decisión y advirtió: "Esto no se lo va a facturar la próxima elección, se lo va a cobrar el recuerdo, va a quedar en la historia que usted fue el que lo cerró".
Debate que trasciende lo cultural
El cierre del Coro Nacional de Niños se suma a otras reestructuraciones impulsadas por el gobierno sobre organismos culturales nacionales y reavivó el debate sobre el impacto de las políticas de ajuste en instituciones artísticas con larga trayectoria y reconocimiento internacional. Mientras el gobierno sostiene que la medida es una corrección necesaria para cumplir con la normativa laboral y que sus fines pedagógicos continuarán bajo un nuevo esquema, la dirección saliente y sectores culturales critican la decisión, argumentando que se trató de una disolución innecesaria en lugar de una simple adecuación administrativa.
